Redacción Q/I
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin,
reafirmó la posición del Gobierno mediante un mensaje categórico publicado en
su cuenta de X: «Las deportaciones continuarán».
La declaración representa una señal de que la Casa Blanca
pretende mantener sus operativos de detención y expulsión de inmigrantes,
incluso después de unos comicios que fortalecieron la posición de los
demócratas en el Congreso.
Los resultados electorales analizados muestran una
disminución del apoyo republicano en el 99 % de aproximadamente 2,200 condados,
en comparación con las elecciones presidenciales de 2024. Las mayores pérdidas
se registraron en zonas con una importante presencia de población hispana.
Las encuestas a pie de urna también reflejaron las
preocupaciones de los estadounidenses: el 39 % identificó la economía como el
principal problema del país, el 32 % señaló la situación de la democracia y el
14 % colocó la inmigración como su prioridad.
Entre quienes consideraron la inmigración el asunto más
importante, el 44 % respaldó la posición republicana, frente al 41 % que
favoreció a los demócratas.
La magnitud de la ofensiva migratoria se refleja en las
cifras recopiladas por el Instituto de Política Migratoria, que contabilizó
aproximadamente 980,000 deportaciones entre enero de 2025 y julio de 2026.
El organismo también estimó unas 660,000 expulsiones
durante el año fiscal 2026, finalizado el 30 de septiembre. Según el análisis
citado, alrededor del 80 % de las personas deportadas hasta julio no tenía
antecedentes ni condenas penales.
La política migratoria ha provocado fuertes
cuestionamientos entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y
sectores de la comunidad latina. Un estudio publicado en octubre reveló que el
62 % de los votantes hispanos consideraba excesiva la cantidad de deportaciones
realizadas por el Gobierno federal.
La decisión de mantener las deportaciones prolonga la
incertidumbre entre miles de familias inmigrantes, particularmente en estados
como Nueva Jersey y Nueva York, donde residen numerosas comunidades dominicanas
y latinoamericanas.
Mientras los demócratas se preparan para ejercer mayor
supervisión sobre las políticas federales, la administración Trump mantiene su
postura de continuar aplicando sus medidas migratorias.
El enfrentamiento anticipa nuevas disputas políticas y
judiciales sobre los procedimientos de detención, el debido proceso y el
alcance de las facultades del Gobierno federal.
La derrota electoral no ha frenado la estrategia
migratoria de Trump. Por el contrario, su administración insiste en que las
deportaciones seguirán siendo una de sus principales prioridades, en medio de
un país cada vez más dividido sobre el futuro de millones de inmigrantes.
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