Hay hechos que ninguna consigna borra. Un jurado lo
declaró culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales,
condena que ha apelado. En otro proceso, fue declarado responsable civilmente
de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll. Un segundo juicio
estableció una indemnización adicional por difamación. Son decisiones
judiciales, aunque Trump niegue haber actuado indebidamente.
También tuvo que pagar dos millones de dólares por
utilizar indebidamente fondos de su fundación con fines políticos. La
organización fue disuelta bajo supervisión judicial. Para quien se presenta
como defensor de la honestidad, ese antecedente merece explicaciones, no
aplausos automáticos.
Su relación con Jeffrey Epstein exige transparencia. Un
documento divulgado por el Departamento de Justicia señala que figuraba como
pasajero en al menos ocho vuelos de su avión. Viajar en esa aeronave no
demuestra participación en delitos, pero los ciudadanos tienen derecho a exigir
respuestas claras y divulgación de documentos conforme a la ley, protegiendo a
las víctimas. (justice.gov)
Al regresar a la Casa Blanca, Trump concedió amplios
indultos y conmutaciones por los hechos del 6 de enero de 2021. Cabe preguntar
qué significa su promesa de “ley y orden” cuando beneficia a quienes cometieron
delitos durante el ataque al Capitolio. (whitehouse.gov)
La crítica debe ser rigurosa: una acusación no es una
condena; acogerse a la Quinta Enmienda es un derecho y no prueba culpabilidad.
Precisamente por eso, no necesitamos exagerar ni repetir cifras dudosas. Los
hechos comprobados bastan para cuestionar seriamente su conducta.
Mi conclusión es clara: estas elecciones legislativas
ofrecen la oportunidad de exigir límites y fiscalización. Votar demócrata puede
construir un Congreso dispuesto a investigar, supervisar y frenar abusos del
Ejecutivo.
La lealtad a un dirigente nunca debe estar por encima de
la Constitución. Defender al país exige poder cuestionar también al político
por quien uno votó.
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