Opinión- Ni Los Ángeles ni San Diego son “un pequeño precio”: un presidente debe medir sus palabras en tiempos de Guerra

Santiago Paniagua— Q/I Editorial

Un presidente de Estados Unidos que habla sobre una guerra tiene una responsabilidad que trasciende partidos, campañas electorales y simpatías políticas: hablar con absoluta claridad cuando está en juego la seguridad y la vida de los estadounidenses.

Las palabras pronunciadas por el presidente Donald Trump —“Que destruyan Los Ángeles. Que destruyan San Diego”— resultan suficientemente graves y temerarias como para exigir explicaciones, independientemente de la interpretación que posteriormente haya ofrecido su administración.

Millones de estadounidenses jamás deberían verse obligados a preguntarse si su comandante en jefe estaba advirtiendo sobre la posible destrucción de dos ciudades de su propio país o mostrando indiferencia ante semejante escenario.

La Casa Blanca sostiene que Trump intentaba expresar precisamente lo contrario: que el costo económico provocado por la guerra sería pequeño comparado con el peligro de permitir que Irán llegara a tener capacidad para atacar ciudades estadounidenses. Ese contexto debe ser reconocido con responsabilidad periodística. Pero también debe reconocerse que las palabras de un presidente tienen consecuencias, especialmente cuando el país está involucrado en un conflicto armado.

Los Ángeles y San Diego no son simples puntos sobre un mapa. Allí viven millones de estadounidenses: niños, trabajadores, envejecientes, militares, inmigrantes y familias enteras cuya seguridad el presidente juró proteger.

Por eso resulta legítimo exigir una explicación inequívoca de lo que Trump quiso decir.

También debemos ser responsables con una palabra extremadamente seria que comienza a aparecer en algunos sectores del debate público: traición.

La Constitución estadounidense establece requisitos extraordinariamente estrictos para ese delito. Si alguna vez existieran pruebas de que un presidente ayudó intencionalmente a un enemigo a atacar a ciudadanos estadounidenses, correspondería investigar los hechos y aplicar todo el peso de la Constitución y las leyes. Pero la indignación política no puede sustituir las pruebas, y esta declaración, por sí sola, no demuestra que Trump haya cometido traición ni que estuviera invitando deliberadamente a Irán a atacar Estados Unidos.

Exigir responsabilidad también significa exigirla con hechos.

Lo mismo corresponde a los dirigentes republicanos que decidan minimizar declaraciones presidenciales de esta naturaleza. Guardar silencio o defender al presidente no constituye automáticamente complicidad criminal, pero políticamente sí pueden y deben responder ante los ciudadanos por sus decisiones.

Ningún partido puede estar por encima del país.

Si un presidente demócrata hubiera pronunciado exactamente las mismas palabras, los republicanos tendrían derecho a exigir explicaciones. Y cuando las pronuncia un presidente republicano, los demócratas, los independientes y los propios republicanos tienen exactamente el mismo derecho.

La seguridad nacional no puede convertirse en una cuestión de lealtad partidista.

El Congreso debe ejercer su responsabilidad constitucional, determinar el contexto completo de estas declaraciones y exigir claridad sobre la posición del presidente frente a cualquier posible amenaza contra territorio estadounidense.

Pidamos una explicación clara. Pidamos escrutinio del Congreso. Pidamos responsabilidad sustentada en hechos.

Porque Estados Unidos puede sobrevivir a diferencias políticas profundas. Lo que una democracia no puede permitirse es que la lealtad a una persona termine siendo más importante que la obligación de proteger al país.

Ningún presidente —republicano o demócrata— merece lealtad ciega. La lealtad debe ser primero a la Constitución, a la nación y al pueblo estadounidense.