Santiago Paniagua / Redacción Q/I
El caso de Oscar Belgal, dominicano de 28 años baleado por un
agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras su hijo
de apenas cinco años se encontraba dentro de su vehículo, plantea una pregunta
que las autoridades dominicanas no deberían ignorar: ¿quién responde por
nuestros compatriotas cuando enfrentan situaciones tan graves en el extranjero?
El incidente
ocurrió el 8 de octubre en Marble Hill, Nueva York. Durante el operativo, un
agente federal disparó siete veces y Belgal resultó herido en el cuello. El
menor, afortunadamente, sobrevivió sin lesiones físicas.
Las
autoridades estadounidenses sostienen que los agentes actuaron en defensa
propia porque el conductor presuntamente utilizó su vehículo de manera
peligrosa. Esa versión debe ser examinada mediante una investigación
independiente. Los antecedentes penales de una persona no eliminan su derecho
al debido proceso ni justifican automáticamente el uso de fuerza potencialmente
letal.
Pero lo más
preocupante es que la situación de Belgal no terminó con el tiroteo.
Según sus
abogados, permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de
Brooklyn, con una bala alojada en el cuello y la necesidad urgente de una
intervención quirúrgica. Su defensa también ha denunciado aislamiento,
dificultades para recibir alimentación adecuada y atención médica insuficiente.
Estas
denuncias requieren una respuesta inmediata de las autoridades penitenciarias y
judiciales estadounidenses. Ninguna persona bajo custodia del Estado debe ser
privada de atención médica necesaria, independientemente de su situación
migratoria o de los cargos que pueda enfrentar.
La comunidad
merece conocer qué gestiones han realizado el Consulado General de la República
Dominicana en Nueva York, la Embajada dominicana en Washington y el Ministerio
de Relaciones Exteriores para verificar las condiciones de detención de este
ciudadano y garantizar que tenga acceso a la asistencia consular
correspondiente.
También
corresponde preguntar a los diputados que representan a los dominicanos en el
exterior qué seguimiento han dado al caso y qué iniciativas han impulsado para
procurar información oficial sobre su estado de salud.
Hasta el
momento, no hemos podido establecer una respuesta pública suficientemente clara
de esas instituciones sobre las gestiones concretas realizadas. Eso no
significa que podamos asegurar que ninguna autoridad haya intervenido, pero sí
evidencia la necesidad de transparencia y explicaciones.
La misma
exigencia de responsabilidad alcanza a los partidos de oposición. La protección
de los derechos de un ciudadano dominicano en el extranjero no debería depender
de su militancia política ni de quién ocupe la Presidencia de la República.
Durante
años, la diáspora dominicana ha sido reconocida por sus remesas, sus
inversiones y su contribución al desarrollo nacional. Los funcionarios y
dirigentes políticos visitan frecuentemente nuestras comunidades para celebrar
encuentros, promover proyectos y solicitar respaldo económico o político.
Sin embargo,
el vínculo entre la República Dominicana y sus ciudadanos residentes en el
exterior no puede limitarse a las remesas, las fotografías oficiales o las
actividades partidarias.
La
representación diplomática y consular también implica asistir, orientar y
proteger, dentro de los límites del derecho internacional, a los nacionales que
enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
No estamos
reclamando que el Gobierno dominicano interfiera en la justicia estadounidense
ni que declare inocente a una persona antes de que los tribunales determinen
sus responsabilidades.
Estamos
reclamando algo mucho más elemental: que se interese por su vida, que verifique
si recibe tratamiento médico adecuado, que solicite información sobre las
circunstancias del tiroteo y que acompañe, por las vías legales disponibles, a
una familia dominicana que atraviesa una situación angustiosa.
También
merece atención el niño de cinco años que presenció un operativo armado en el
que su padre resultó herido. Aunque no recibió impactos de bala, las
consecuencias emocionales de semejante experiencia no deben ser minimizadas.
Este caso
debería motivar una reflexión seria sobre la responsabilidad de las
instituciones dominicanas frente a sus ciudadanos en el exterior, particularmente
cuando se encuentran detenidos, hospitalizados o expuestos a posibles
vulneraciones de sus derechos.
Y deja otra
interrogante de cara a la vida democrática dominicana: ¿qué mecanismos de
rendición de cuentas tenemos los ciudadanos en el exterior para evaluar a
quienes dicen representarnos?
Los
dominicanos de Nueva York, New Jersey y otras comunidades de Estados Unidos
merecen saber que su nacionalidad representa algo más que una fuente de remesas
y participación electoral.
La
República Dominicana no termina en sus fronteras. Sus ciudadanos en el exterior
también forman parte de la nación y tienen derecho a esperar una representación
consular activa, humana y transparente.
Hoy se trata
de Oscar Belgal y de su hijo. Mañana podría tratarse de cualquier otra familia
dominicana.
La pregunta sigue abierta: cuando un dominicano necesita protección en el extranjero, ¿quién está dispuesto a responder por él?
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