La
democracia no se mide solamente por la celebración de elecciones, sino también
por el respeto que las autoridades demuestran hacia quienes piensan diferente.
Cuando un gobierno utiliza sus facultades para investigar a un adversario
político, la pregunta fundamental no debe ser si ese adversario nos agrada o
comparte nuestras ideas, sino si existen pruebas legítimas que justifiquen la
actuación del Estado.
La
controversia que rodea a la congresista demócrata Ilhan Omar vuelve a colocar
este principio en el centro del debate nacional. Las informaciones sobre una
revisión de sus antecedentes migratorios durante la primera administración de
Donald Trump, en 2019, y el renovado interés de las autoridades federales en
acusaciones relacionadas con su ciudadanía plantean interrogantes que merecen
respuestas públicas, documentadas y transparentes.
Si una
investigación anterior fue abandonada por insuficiencia de pruebas, las
autoridades tienen la obligación de explicar qué hechos nuevos justificarían
reabrirla. Investigar no constituye por sí mismo una persecución política; pero
repetir acusaciones sin fundamentos verificables, especialmente contra una
representante electa que mantiene profundas diferencias con el presidente, puede debilitar la confianza ciudadana en
la imparcialidad de las instituciones.
¿Desde cuándo disentir de un presidente,
pertenecer a otro partido político o cuestionar las decisiones del Gobierno
constituye una amenaza para Estados Unidos?
La
Constitución protege la libertad de expresión, las creencias religiosas, la
participación política y el debido proceso. Nadie debe ser considerado
sospechoso por su origen nacional, su religión, su manera de vestir, su
condición económica, una discapacidad o sus opiniones políticas. Tampoco debe
recibir privilegios ante la justicia por pertenecer al partido gobernante.
Resulta
especialmente preocupante la normalización de las burlas y los ataques
personales en el debate público. Las expresiones despectivas contra personas
con discapacidades, contra quienes tienen sobrepeso o contra quienes profesan
determinadas creencias religiosas no
fortalecen a una nación. Por el
contrario, deterioran la convivencia y transmiten la idea de que la dignidad
humana depende de la posición política o social de cada individuo.
El caso de
Omar también invita a recordar las acusaciones de fraude electoral que
siguieron a las elecciones presidenciales de 2020. Donald Trump y sus aliados
cuestionaron reiteradamente el resultado que dio la victoria a Joe Biden, pero
las denuncias de un fraude generalizado capaz de modificar aquel resultado no
fueron demostradas.
A esto se
suma el debate provocado por los indultos concedidos por Trump a personas
procesadas por los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
Aquella decisión presidencial fue legalmente distinta de una absolución
judicial y alcanzó a personas con situaciones procesales diferentes. Sin embargo,
dejó una pregunta legítima sobre la coherencia de los mensajes oficiales
respecto al respeto de la ley y la responsabilidad individual.
Una democracia no puede sostenerse sobre
dos conceptos de justicia: uno para los aliados del poder y otro para sus
adversarios. Las leyes deben proteger a todos por igual, y las investigaciones
deben responder a hechos comprobables, no a simpatías, enemistades o
conveniencias políticas.
Desde una
perspectiva cristiana, esta realidad también nos invita a reflexionar sobre la advertencia bíblica de Isaías 5:20, que
cuestiona a quienes llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. No
corresponde utilizar esa enseñanza para condenar anticipadamente a una persona
o a un partido, sino para recordar que
la justicia, la verdad y la
misericordia deben estar por encima de cualquier interés humano.
Como
sociedad, necesitamos recuperar el respeto hacia las diferencias, la
responsabilidad en el ejercicio del poder y la convicción de que ninguna
autoridad está por encima de la Constitución.
Oremos para
que nuestros gobernantes actúen con sabiduría, para que los organismos
encargados de hacer cumplir la ley conserven su independencia y para que
ninguna persona sea perseguida por pensar, creer o expresarse de manera
diferente.
Porque hoy las controversias pueden girar
alrededor de la congresista Ilhan Omar, pero mañana cualquier ciudadano podría
necesitar que esas mismas garantías constitucionales lo protejan de una
acusación injusta.
La verdadera fortaleza de Estados Unidos no está en silenciar a quienes cuestionan al poder, sino en garantizar que incluso sus críticos puedan vivir sin temor, con dignidad y bajo la protección de la ley.
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