Cuando un presidente vincula un beneficio económico directo para millones de ciudadanos con la victoria de su partido, la democracia tiene derecho a preguntar dónde termina la propuesta política y dónde comienza la utilización del poder para conquistar votos
Santiago Paniagua / Redacción Q/I
Cinco mil dólares pueden representar varios meses de alimentos para una familia, ayudar a pagar la renta, reducir una deuda o resolver una emergencia. Donald Trump lo sabe. Sus estrategas políticos también. Y precisamente por eso resulta preocupante que el presidente haya colocado sobre la mesa la posibilidad de entregar US$5,000 a los estadounidenses mientras vincula esa promesa con una victoria republicana en las elecciones de medio término.
No cuestionamos que un presidente tenga derecho a
proponer reducciones de impuestos, estímulos económicos, dividendos o cualquier
otra política destinada a devolver dinero a los contribuyentes. Eso forma parte
del debate democrático. Lo cuestionable comienza cuando el mensaje puede
resumirse de esta manera: si mi partido gana, ustedes recibirán US$5,000.
Ahí la conversación cambia.
Porque el dinero público no pertenece a Donald Trump, al
Partido Republicano ni al Partido Demócrata. Pertenece al pueblo
estadounidense.
Un presidente tampoco posee una chequera personal del
Tesoro que pueda utilizar discrecionalmente para repartir más de un billón de
dólares. El Congreso tiene autoridad constitucional sobre las asignaciones
federales, y cualquier programa de semejante magnitud necesitaría una base
legislativa y financiera que hasta ahora no ha sido garantizada.
Entonces surge una pregunta elemental: ¿cómo puede ofrecerse
electoralmente un dinero cuya entrega todavía depende de decisiones que no
controla exclusivamente quien hace la promesa?
Y aparece otra pregunta todavía más incómoda.
Si entregar US$5,000 a los estadounidenses es una
política económica necesaria, beneficiosa y financieramente responsable, ¿por
qué condicionarla políticamente a que los republicanos ganen las elecciones?
Preséntese ahora.
Discútase en el Congreso.
Explíquese cuánto costará.
Identifíquese de dónde saldrá el dinero.
Determínese quién calificará.
Analícese su impacto sobre el déficit, la deuda y la
inflación.
Y entonces que republicanos y demócratas voten
públicamente.
Eso sería gobernar.
Lo otro corre el riesgo de parecer campaña electoral
utilizando como principal atractivo una futura transferencia de dinero.
No estamos afirmando que ofrecer esos US$5,000 constituya
por sí mismo un delito de compra de votos. Jurídicamente existe una diferencia
importante entre pagar directamente a una persona para que vote por determinado
candidato —conducta claramente prohibida— y prometer durante una campaña una
política pública que beneficiaría económicamente a millones de ciudadanos.
Los políticos prometen beneficios económicos
constantemente.
Prometen bajar impuestos, aumentar pensiones, perdonar
determinadas deudas, ampliar programas sociales, aumentar salarios mínimos o
conceder créditos fiscales.
Por eso debemos ser responsables antes de utilizar
palabras como “ilegal”, “anticonstitucional” o “corrupción” como si un tribunal
ya hubiera determinado que este caso cumple esas definiciones.
Pero que algo no haya sido declarado ilegal no significa
que no pueda resultar éticamente preocupante o democráticamente peligroso.
La cuestión central está en la manera de presentar la
propuesta.
Cuando el mensaje procedente de la Presidencia puede
interpretarse como “denme el Congreso y recibirán US$5,000”, se crea una
relación incómoda entre poder político, necesidad económica y comportamiento
electoral.
Y eso merece escrutinio.
Especialmente porque quienes más podrían sentirse
atraídos por una cantidad semejante son precisamente familias trabajadoras que
enfrentan dificultades económicas.
Para una persona acomodada, US$5,000 pueden representar
poco.
Para una madre que no consigue pagar la renta, un envejeciente
preocupado por sus medicamentos o una familia ahogada por tarjetas de crédito,
pueden representar muchísimo.
La necesidad económica de los ciudadanos nunca debería
convertirse en instrumento de manipulación política.
Y este principio debe aplicarse exactamente igual si
mañana un presidente demócrata anuncia: “Si los demócratas ganan el Congreso,
cada estadounidense recibirá US$5,000”.
Desde estas páginas formularíamos las mismas preguntas.
Porque la Constitución no cambia dependiendo del partido
que gobierna y la ética tampoco debería hacerlo.
Donald Trump tiene derecho a defender su propuesta. Sus
partidarios tienen derecho a argumentar que los ingresos gubernamentales
permitirían financiarla. El Congreso tiene derecho a debatirla y aprobarla si
encuentra los recursos y los votos necesarios.
Pero los ciudadanos también tienen derecho a exigir algo
muy sencillo antes de dejarse seducir por la cifra:
Muéstrenos el dinero.
Explique de dónde saldrá.
Explique cuánto costará.
Explique por qué es financieramente responsable.
Y, sobre todo, explique por qué un beneficio que
supuestamente pertenece al pueblo estadounidense debe depender de una victoria
electoral republicana.
La democracia estadounidense debe ser suficientemente
madura para que un voto no tenga precio.
Ni US$100.
Ni US$1,000.
Ni US$5,000.
Las elecciones deben decidirse por ideas, resultados,
principios y propuestas creíbles, no por la expectativa de que después de votar
aparezca un cheque en el correo.
El ciudadano debe preguntarse qué gobierno quiere para su
país, no cuánto dinero podría recibir si gana determinado partido.
Porque cuando desde el poder se comienza a asociar la
victoria política con una recompensa económica directa, debemos observar con
mucho cuidado dónde estamos colocando la línea.
Hoy son US$5,000.
La pregunta para la democracia estadounidense es:
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