Redacción Q/I
El
documento, identificado como S/2026/714, señala que municiones
procedentes de inventarios oficiales dominicanos fueron encontradas entre
materiales utilizados por bandas armadas, particularmente la organización
criminal conocida como 400 Mawozo, que opera en territorio haitiano
próximo a la frontera dominicana.
Uno de los
hallazgos más preocupantes está relacionado con el desvío de 908,001
artículos, principalmente municiones, de los depósitos de la Policía
Nacional dominicana, una irregularidad descubierta después de que las
autoridades haitianas incautaran miles de cartuchos y los investigadores
internacionales comenzaran a rastrear su procedencia.
Entre los
materiales desaparecidos figuraban más de 489,000 cartuchos de nueve
milímetros, 230,000 de calibre 5.56 y 26,000 de calibre 7.62, además de miles
de cartuchos para escopetas.
Aunque los
investigadores no han determinado qué proporción de ese arsenal llegó
efectivamente a Haití, expertos consultados consideran probable que una
cantidad importante de determinadas municiones fuera desviada hacia ese país,
donde esos calibres son utilizados habitualmente por grupos armados.
El informe
también documenta municiones identificadas con las siglas ERD,
correspondientes al Ejército de la República Dominicana, recuperadas durante
inspecciones de materiales incautados a organizaciones criminales haitianas.
Las investigaciones
permitieron establecer que parte de esos cartuchos había sido fabricada en
Colombia bajo contratos de suministro suscritos en 2022 con instituciones
militares dominicanas.
Otro
elemento significativo es el arresto, en diciembre de 2025, de un segundo
teniente del Ejército dominicano y un ciudadano haitiano, sorprendidos
transportando 1,516 cartuchos en una motocicleta en la provincia de San
Juan de la Maguana. El proceso judicial relacionado con ese caso continúa
abierto.
Los expertos
de Naciones Unidas también recogieron testimonios de fuentes de seguridad
dominicanas y haitianas que señalaron la presunta participación de agentes
corruptos en operaciones de desvío y venta de municiones, incluidas
transacciones en zonas fronterizas.
Sin embargo,
el informe no establece que las instituciones dominicanas, como organismos,
hayan autorizado el suministro de municiones a las bandas haitianas, ni
demuestra la participación de todos sus mandos superiores.
Lo que sí
plantea es la necesidad de esclarecer cómo materiales sometidos a controles
militares y policiales pudieron salir de los inventarios oficiales y terminar
en manos de organizaciones responsables de secuestros, asesinatos y otros
hechos violentos en Haití.
El
Ministerio de Defensa dominicano informó el 8 de octubre que mantiene abiertas
las investigaciones y que ha suministrado información al grupo de expertos de
la ONU mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La
institución destacó que el segundo teniente detenido permanece en prisión preventiva
y reiteró que cualquier militar involucrado en actividades ilícitas deberá
responder ante la justicia. También aclaró que la identificación de municiones
dominicanas no significa que existiera una transferencia oficialmente
autorizada.
Respecto a
cartuchos de calibre .50, fabricados décadas atrás en territorio dominicano,
las autoridades explicaron que todavía no ha sido posible reconstruir
completamente su trayectoria hasta Haití.
No obstante,
uno de los principales interrogantes continúa sin respuesta: ¿quiénes tenían
la responsabilidad de custodiar, supervisar y controlar los depósitos de donde
desaparecieron cientos de miles de municiones?
El informe
internacional deja pendiente esclarecer las unidades militares que recibieron
determinados lotes, las circunstancias de su desaparición y si las
irregularidades estuvieron limitadas a agentes individuales o involucraron
redes de mayor alcance.
La
investigación, por tanto, no debería detenerse únicamente en quienes fueron
sorprendidos transportando municiones. También resulta necesario determinar si
existieron fallas de supervisión, complicidad de otros funcionarios o
responsabilidades administrativas y penales en niveles superiores de la cadena
de mando, sin prejuzgar la culpabilidad de personas que no han sido formalmente
acusadas.
El caso
plantea un desafío para la seguridad nacional dominicana: esclarecer cómo
municiones destinadas a proteger a la población terminaron en manos de bandas
criminales que mantienen a Haití sumido en una profunda crisis de violencia.
0 Comentarios