La República Dominicana enfrenta un debate que no puede
continuar siendo ignorado: ¿hasta dónde debe llegar la Policía Nacional en su
lucha contra la delincuencia y cuáles son los límites que establece nuestra
Constitución para proteger la vida y la dignidad humana?
Nadie puede negar que la delincuencia constituye una
preocupación legítima para la sociedad dominicana. Los asaltos, robos,
asesinatos y otros actos criminales generan temor, destruyen familias y afectan
la tranquilidad de comunidades enteras. Los ciudadanos tienen derecho a vivir
seguros, a caminar por sus calles sin miedo y a exigir de las autoridades una
respuesta firme y efectiva frente a quienes amenazan sus vidas y propiedades.
Sin embargo, esa legítima exigencia de seguridad no puede
convertirse en una autorización para que los organismos encargados de hacer
cumplir la ley actúen por encima de ella.
Una cosa es que un agente policial utilice la fuerza
necesaria para defender su vida o proteger a un ciudadano frente a una amenaza
real e inmediata, y otra muy distinta es que una persona detenida, desarmada o
bajo custodia policial termine muerta sin haber sido presentada ante un
tribunal.
Esa diferencia no es un simple tecnicismo jurídico. Es la
frontera que separa el ejercicio legítimo de la autoridad del abuso de poder.
La Constitución de la República Dominicana reconoce el
derecho a la vida y establece garantías fundamentales para todas las personas,
independientemente de su condición social, sus antecedentes o los delitos que
se les atribuyan. El artículo 37 protege el derecho a la vida, mientras que el
artículo 69 consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
Estas garantías no fueron creadas exclusivamente para
proteger a ciudadanos ejemplares. Existen precisamente para impedir que el
poder del Estado se ejerza arbitrariamente contra cualquier ser humano.
Un presunto delincuente no deja de ser una persona
amparada por la Constitución. Puede ser investigado, detenido conforme a la
ley, procesado y condenado si se demuestra su culpabilidad. Lo que no puede
aceptarse como procedimiento de justicia es que su destino sea decidido
mediante una ejecución extrajudicial.
Tampoco podemos ignorar el sufrimiento de las víctimas.
Detrás de cada asesinato, atraco o agresión existe una familia que reclama
justicia. Detrás de cada comerciante asaltado, de cada trabajador despojado de
sus pertenencias y de cada ciudadano que teme salir de su hogar, existe una
realidad que el Estado tiene la obligación de enfrentar.
Por eso, defender los derechos humanos no significa
justificar la delincuencia, así como exigir firmeza policial tampoco significa
respaldar los abusos.
La Policía Nacional necesita preparación, recursos,
respaldo institucional y autoridad para enfrentar a organizaciones criminales y
delincuentes peligrosos. Sus agentes tienen derecho a protegerse cuando sus
vidas están amenazadas. Pero esa autoridad debe estar acompañada de
responsabilidad, controles efectivos y consecuencias cuando se comprueben
actuaciones ilegales.
El verdadero desafío consiste en construir una
institución policial que inspire respeto por su profesionalismo y confianza por
su conducta, no temor por la posibilidad de que sus integrantes actúen sin
rendir cuentas.
También debemos preguntarnos qué responsabilidad tiene el
Estado en la prevención de la delincuencia. No basta con perseguir a quienes
cometen delitos si al mismo tiempo se descuidan la educación, las oportunidades
laborales, la formación de nuestros jóvenes, la recuperación de los barrios y el
fortalecimiento de las instituciones judiciales.
La pobreza no convierte automáticamente a nadie en
delincuente, ni la falta de oportunidades justifica cometer crímenes. Pero una
política integral de seguridad no puede limitarse a patrullajes, arrestos y
enfrentamientos armados. Debe incluir prevención, investigación, justicia y
rehabilitación.
Hay, además, una pregunta que merece una respuesta
colectiva: ¿qué ocurriría si mañana aceptáramos que las autoridades pueden
matar a una persona detenida porque la consideran peligrosa?
¿Quién garantizaría que esa persona realmente cometió el
delito que se le atribuye? ¿Qué sucedería si fue confundida con otra, acusada
falsamente o víctima de una actuación arbitraria?
¿Y quién protegería al ciudadano cuando la autoridad que
debe garantizar sus derechos se convierte en quien los vulnera?
No podemos defender la Constitución solamente cuando sus
garantías nos favorecen personalmente. Su verdadera importancia se demuestra
cuando protege incluso a quienes son rechazados por la sociedad o acusados de
los delitos más graves.
Una democracia no puede permitir que la culpabilidad sea
determinada por la sospecha, que la condena sea dictada por un agente armado y
que la sentencia se ejecute en una calle, un destacamento o cualquier otro
lugar ajeno a los tribunales.
Por eso, cada muerte ocurrida durante una intervención
policial debe ser investigada con rigor, independencia y transparencia. No se
puede presumir automáticamente que todo enfrentamiento fue ilegítimo, pero
tampoco aceptar sin investigación que toda muerte presentada oficialmente como
resultado de un intercambio de disparos estuvo justificada.
La verdad debe establecerse mediante pruebas,
procedimientos confiables y rendición de cuentas.
La sociedad dominicana merece una Policía fuerte,
respetada y eficiente. Merece también un Ministerio Público capaz de
investigar, tribunales que impartan justicia y autoridades que comprendan que
el poder recibido del pueblo no constituye una licencia para desconocer los
derechos de ese mismo pueblo.
El país no tiene por qué escoger entre vivir sometido a
la delincuencia o vivir bajo el temor de posibles abusos de quienes ejercen la
autoridad. La seguridad ciudadana y el respeto constitucional no son
aspiraciones incompatibles: son obligaciones inseparables del Estado.
La delincuencia debe combatirse con toda la firmeza que
permite la ley, pero jamás con métodos que destruyan los principios que esa
misma ley está llamada a defender.
Porque cuando una sociedad comienza a justificar la muerte
de personas detenidas sin juicio, no solamente pone en peligro los derechos de
los acusados. También debilita las garantías que mañana podrían necesitar sus
propios ciudadanos inocentes.
La seguridad ciudadana debe protegernos de la
delincuencia, mientras que la Constitución debe protegernos de los abusos del
poder.
Y ante esta realidad, desde Quisqueya Internacional
dejamos planteada una reflexión que debe llegar a nuestras autoridades, a las
organizaciones comunitarias, a las instituciones religiosas y a cada familia
dominicana:
¿Qué clase de República Dominicana queremos dejarles a
nuestros hijos: una donde la justicia dependa de quien tenga un arma en sus
manos, o una nación donde todos, incluyendo quienes ejercen el poder, estén
sometidos a la Constitución y a las leyes?
Porque la verdadera fortaleza de un Estado no se demuestra solamente por su capacidad para enfrentar al delincuente, sino también por su determinación de respetar la vida, garantizar la justicia y proteger los derechos de todos.
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