Redacción Q/I
La decisión, anunciada el viernes 16 de octubre,
representa una importante victoria procesal para los familiares de las
víctimas, quienes durante meses han reclamado que se establezcan
responsabilidades por el desplome del techo del establecimiento, ocurrido el 8
de abril de 2025, que provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180
heridas.
Al fundamentar su decisión, el magistrado consideró que
existían elementos suficientes para examinar si los propietarios conocían las
condiciones peligrosas de la estructura y, pese a las advertencias recibidas,
permitieron que el establecimiento continuara funcionando.
La figura del dolo eventual contempla situaciones en las
que una persona conoce la posibilidad de provocar consecuencias mortales y, aun
así, continúa actuando aceptando ese riesgo. Esta nueva calificación podría
representar penas de tres a veinte años de prisión, en caso de que los acusados
sean encontrados culpables.
El fallo también dispone que el expediente sea remitido a
un tribunal colegiado, donde el juicio deberá comenzar nuevamente bajo la nueva
calificación jurídica.
La decisión fue recibida con satisfacción por familiares
y representantes legales de las víctimas, quienes consideran que constituye un
avance importante en su búsqueda de justicia. El procurador adjunto Wilson
Camacho expresó respeto por la determinación judicial y destacó la solidez de las
pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Por su parte, la defensa de los hermanos Espaillat ha
rechazado que existan pruebas suficientes para demostrar dolo eventual,
argumentando que la gravedad de la tragedia no establece por sí sola una
conducta homicida voluntaria.
Aunque la decisión endurece considerablemente el proceso,
no constituye una condena, por lo que ambos imputados mantienen su presunción
de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal.
El caso Jet Set, una de las tragedias más dolorosas de la
historia reciente dominicana, entra así en una nueva etapa judicial que
mantiene viva la esperanza de justicia entre cientos de familias afectadas y
coloca nuevamente en el centro del debate la responsabilidad de los propietarios
de establecimientos públicos frente a la seguridad de sus clientes.
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