Redacción Q/I
El llamado está dirigido a la procuradora general de la
República, Yeni Berenice Reynoso, y al director general de la Policía
Nacional, Ernesto Rodríguez García, a quienes solicitan disponer una
investigación sobre las amenazas que Pérez afirma haber recibido.
Según la denuncia pública del dirigente gremial, las
presuntas amenazas provendrían de una persona identificada como Santiago
Ángeles, situación que, de acuerdo con sus declaraciones, ha generado profunda
inquietud por su integridad física y la de sus familiares.
Hasta el momento, no se ha establecido mediante una
investigación oficial la responsabilidad de la persona señalada, por lo que corresponde
a las autoridades esclarecer los hechos y determinar si existen elementos que
justifiquen actuaciones judiciales.
La secretaria general de la Seccional del CDP en New
Jersey, Quisqueya Primavera Guerrero, manifestó su solidaridad con el
presidente del gremio y consideró indispensable que las instituciones
responsables de garantizar la seguridad ciudadana atiendan la denuncia con la
seriedad que amerita.
“Esta situación preocupa a la clase periodística, ya que
tratándose de amenazas de muerte no se puede esperar a que ocurra una
tragedia”, expresó Primavera Guerrero.
La dirigente sostuvo que cualquier amenaza contra un
periodista o representante gremial merece una respuesta oportuna de las
autoridades, especialmente cuando también se denuncia que familiares podrían
encontrarse en riesgo.
El MMV y la representación del CDP en New Jersey
reiteraron su solicitud de una investigación transparente, imparcial y
diligente, que permita establecer la veracidad de los hechos denunciados y
adoptar las medidas de protección que correspondan.
La denuncia también plantea una preocupación que
trasciende la seguridad individual del dirigente gremial: la protección de
la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a ejercer su profesión
sin amenazas, intimidaciones ni represalias.
La libertad de expresión constituye un pilar fundamental
de toda sociedad democrática. Cuando un periodista denuncia amenazas contra su
vida, las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de investigar con
prontitud, prevenir posibles agresiones y garantizar que ninguna forma de
intimidación silencie el ejercicio periodístico.
Proteger a un periodista es también proteger el
derecho de toda una sociedad a estar informada. La libertad de prensa no puede
quedar a merced del miedo, y ninguna denuncia de amenazas de muerte debe ser
ignorada hasta que ocurra una tragedia.
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