WASHINGTON AMENAZA CON MILLONARIO RECORTE: AYUDA A FAMILIAS DE NJ QUEDA EN MEDIO DE DISPUTA MIGRATORIA

Redacción Q/I

Trenton, NJ.— Una nueva directriz del Departamento de Justicia de Estados Unidos podría poner en riesgo cientos de millones de dólares destinados a programas de asistencia para familias de bajos ingresos en Nueva Jersey, en medio de la confrontación entre el gobierno federal y varios estados por la cooperación con las autoridades migratorias. El Departamento de Justicia emitió el 2 de septiembre una interpretación legal que sostiene que los estados que reciben fondos de Temporary Assistance for Needy Families (TANF) y Supplemental Security Income (SSI) tienen la obligación de reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a personas que las agencias estatales sepan que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. La interpretación amplía esa obligación a todo el gobierno estatal, no únicamente a las agencias que administran esos beneficios.

La advertencia tiene especial repercusión para Nueva Jersey debido a su prolongada disputa con Washington sobre políticas de inmigración. El Departamento de Justicia ya demandó al estado y a la gobernadora Mikie Sherrill en febrero, argumentando que determinadas políticas estatales interfieren con la aplicación de las leyes federales de inmigración. Nueva Jersey, por su parte, ha defendido sus medidas como protecciones de derechos y debido proceso. Según el Departamento de Justicia, incumplir las nuevas condiciones podría tener “serias consecuencias”, incluida la pérdida de fondos federales. A nivel nacional, las subvenciones TANF superan los $16,400 millones anuales, mientras Reuters señala que los beneficios federales de SSI superan los $60,000 millones.

Un punto importante es que los inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para TANF ni SSI, según Reuters. El conflicto se centra, por tanto, en la exigencia federal de que los estados compartan determinada información migratoria con DHS como condición vinculada a su participación en esos programas. La interpretación del Departamento de Justicia no es una nueva ley aprobada por el Congreso. Se trata de una opinión de su Office of Legal Counsel, vinculante para las agencias federales, que revoca una interpretación de 1998 mucho más limitada. Además, el propio DOJ indicó que la aplicación será prospectiva y que los estados no serán penalizados retroactivamente por haber seguido la interpretación anterior.

Para Nueva Jersey, el asunto abre otro frente de incertidumbre: hasta qué punto Washington puede condicionar fondos de asistencia social a la cooperación estatal con las autoridades federales de inmigración. La medida podría enfrentar impugnaciones judiciales, como ya ha ocurrido con otras iniciativas federales para obtener información de beneficiarios de programas públicos. Nota Q/I: La cifra específica de $400 millones para Nueva Jersey requiere distinguir qué fondos y ejercicios fiscales comprende; las fuentes federales consultadas confirman la amenaza de pérdida de fondos, pero no establecen en el anuncio nacional que exactamente $400 millones hayan sido ya retirados a Nueva Jersey.