Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras, aplicar sus
leyes migratorias y decidir quién puede permanecer legalmente en su territorio.
Esa facultad soberana, sin embargo, convive con límites constitucionales,
garantías de debido proceso y derechos que también protegen a personas que no
son ciudadanos estadounidenses.
La política
migratoria del presidente Donald Trump ha convertido esa tensión en uno de los
debates más profundos de su segundo mandato. Su administración ha impulsado una
campaña de deportaciones masivas y ha ampliado considerablemente los arrestos
migratorios. Solo en agosto de 2026, ICE realizó cerca de 51,000 arrestos,
mientras que menos de una cuarta parte de los detenidos en julio tenía condenas
criminales, según datos gubernamentales analizados por Reuters.
Es
precisamente ahí donde surge una pregunta legítima: ¿hasta dónde puede
llegar un gobierno en nombre de hacer cumplir la ley sin afectar las libertades
que esa misma ley está obligada a proteger?
No toda
persona indocumentada es delincuente peligroso. No es lo mismo perseguir a
alguien condenado por asesinato, narcotráfico o violencia que detener a un
trabajador que lleva años levantándose de madrugada para trabajar en la
construcción, agricultura, restaurantes, hoteles o servicios mientras mantiene
una familia.
Los datos
ayudan a separar la realidad de la retórica. Los inmigrantes indocumentados
trabajan en prácticamente todos los sectores de la economía estadounidense. En
2023 representaban aproximadamente el 15 % de los trabajadores de la
construcción y 14 % de los trabajadores agrícolas; en determinadas
ocupaciones agrícolas, de construcción y servicios su presencia era todavía
mayor. Eso no significa que realicen literalmente “los trabajos que los
estadounidenses no hacen”, pero sí demuestra que constituyen una parte
importante de sectores esenciales de la economía.
Resulta
además imposible ignorar la paradoja histórica de que una nación construida
durante generaciones por inmigrantes contemple hoy escenas de familias
aterrorizadas por una detención o deportación.
En el caso
personal de Trump también existe una historia migratoria, aunque debemos
precisar un dato importante: sus padres no eran inmigrantes indocumentados.
Su madre, Mary Anne MacLeod, nació en Escocia y emigró a Estados Unidos en
1930; su padre, Fred Trump, nació en Nueva York y era hijo de inmigrantes alemanes.
Por tanto, sería incorrecto atribuir las políticas actuales del presidente a
que fuera “hijo de inmigrantes indocumentados”.
La crítica
más sólida no necesita apoyarse en ese dato incorrecto. Está en las propias
políticas y en la extraordinaria utilización de recursos gubernamentales para
ampliar arrestos, detenciones y deportaciones.
Los
tribunales ya están examinando algunos de esos límites. Recientemente, el
Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito determinó que una política de
detención obligatoria de determinados inmigrantes sin oportunidad de una
audiencia de fianza era ilegal. Otros tribunales de apelaciones han llegado a
conclusiones diferentes, creando una controversia jurídica que podría terminar
ante la Corte Suprema. La administración sostiene que sus medidas están
respaldadas por la legislación migratoria y ha defendido judicialmente su
autoridad para aplicarlas.
También
existen nuevas demandas contra la administración por su política de “carga
pública”, que permitiría considerar determinados beneficios públicos al decidir
solicitudes de residencia permanente. Los estados y ciudades demandantes
argumentan que la medida excede la autoridad del Departamento de Seguridad
Nacional; el Gobierno sostiene que busca impedir que futuros residentes dependan
principalmente de beneficios públicos. Será nuevamente la Justicia la encargada
de determinar dónde están los límites legales.
Por eso el
debate debe trascender a Trump y a cualquier otro presidente. La
Constitución no puede depender de quién ocupa temporalmente la Casa Blanca.
El poder
ejecutivo es enorme, pero no absoluto. Estados Unidos fue construido sobre una
separación de poderes precisamente para impedir que la autoridad de una persona
sustituya permanentemente a las instituciones.
Se puede exigir
seguridad fronteriza sin deshumanizar al inmigrante. Se puede deportar conforme
a la ley sin convertir comunidades enteras en objeto de sospecha. Se puede
combatir el crimen sin presentar al trabajador latino como enemigo de la
nación.
Y también
debemos reconocer otra realidad: la comunidad latina no piensa de manera
uniforme. Una encuesta nacional de Pew encontró que 65 % de los adultos latinos
desaprobaba el manejo migratorio de la administración Trump y 71 % consideraba
excesivos sus esfuerzos de deportación; al mismo tiempo, cerca de siete de cada
diez opinaban que al menos algunos inmigrantes indocumentados deberían ser
deportados. Es decir, existe espacio para defender el cumplimiento de la ley y
cuestionar simultáneamente la amplitud de determinadas tácticas de aplicación.
La historia
estadounidense ha demostrado que las decisiones tomadas en momentos de miedo,
enojo o polarización terminan siendo juzgadas mucho después de que quienes las
ordenaron abandonan sus cargos.
Los
presidentes llegan y se van. Las mayorías políticas cambian. Las órdenes
ejecutivas pueden ser modificadas, anuladas o cuestionadas por los tribunales.
Pero las
heridas causadas a una familia, a una comunidad o a la confianza de millones de
personas en sus instituciones pueden durar generaciones.
Porque existe una sentencia que ningún gobernante puede cambiar por decreto: el poder no dura para siempre.
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