Redacción Q/I
Nueva York está acompañada en la demanda por Chicago, San
Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle y King County, además del Public
Rights Project. En una acción paralela, la fiscal general de Nueva York,
Letitia James, encabeza otra impugnación contra la normativa junto con otros
estados y el Distrito de Columbia.
La nueva regulación del Departamento de Seguridad
Nacional elimina las normas federales de 2022 y devuelve a los funcionarios
migratorios una discreción más amplia para evaluar si determinados solicitantes
de residencia permanente o ciertas visas podrían convertirse en “carga
pública”. El Gobierno federal sostiene que el cambio permite considerar de
manera más completa las circunstancias de cada solicitante y fomenta la
autosuficiencia; las jurisdicciones demandantes argumentan que la norma excede
la autoridad federal y podría desalentar a familias inmigrantes de utilizar
beneficios públicos para los que legalmente califican.
La Alcaldía advirtió que programas sujetos a criterios de
ingresos podrían entrar en consideración en determinadas evaluaciones
migratorias. También aclaró que la regla no afecta a todas las personas
inmigrantes ni significa que todo uso de beneficios públicos determine
automáticamente una decisión migratoria. Ciudadanos estadounidenses y personas
que buscan determinadas protecciones humanitarias, como el asilo, no están
sujetos a esta evaluación de la misma manera.
Nueva York pidió a las familias que tengan dudas que no
abandonen beneficios o servicios antes de obtener asesoramiento legal. La
Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía ofrece asistencia gratuita y
confidencial llamando al 1-800-354-0365 o al 311 y solicitando “Immigration
Legal”.
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