Santiago Paniagua / Redaccion Q/I
Lo que está ocurriendo con los padrones electorales en Estados Unidos no debe reducirse a un procedimiento administrativo ni presentarse como una inocente campaña para “proteger las elecciones”. Estamos ante una peligrosa ofensiva política que utiliza el poder gubernamental, la información migratoria y el miedo al supuesto fraude para colocar bajo sospecha a millones de ciudadanos.
El objetivo parece evidente: dificultar la participación de comunidades cuyo voto puede cambiar el rumbo político del país.
Los sectores republicanos que hoy controlan importantes instituciones saben que la población latina continúa creciendo. También saben que cada año miles de inmigrantes cumplen los requisitos, se naturalizan y adquieren legítimamente el derecho al voto. Como no pueden detener esa transformación demográfica, intentan convertirla en una amenaza.
Primero criminalizaron al inmigrante. Después sembraron miedo mediante redadas, deportaciones y discursos que presentan a comunidades enteras como invasoras. Ahora pretenden trasladar esa persecución al sistema electoral, utilizando bases de datos federales que pueden estar desactualizadas y procesos masivos capaces de excluir equivocadamente a ciudadanos con pleno derecho a votar.
Depurar no puede significar borrar ciudadanos
Mantener actualizados los registros electorales es una responsabilidad legítima. Pero depurar un padrón no puede convertirse en sinónimo de eliminar votantes sin suficiente comprobación, notificación ni oportunidad de corregir errores.
Una persona que cambió de domicilio, modificó su apellido, obtuvo recientemente la ciudadanía o aparece con información antigua en una base de datos podría ser marcada injustamente. El problema puede descubrirse cuando ya sea demasiado tarde: frente a la mesa electoral, después de esperar durante horas y cuando intenta ejercer uno de sus derechos fundamentales.
Los ciudadanos naturalizados no son estadounidenses de segunda categoría. Su voto tiene exactamente el mismo valor constitucional que el de cualquier persona nacida en este país.
Sin embargo, la retórica republicana insiste en presentar a los inmigrantes latinos como sospechosos. No vemos la misma persecución política, intensidad discursiva ni presunción de culpabilidad contra inmigrantes blancos procedentes de otras regiones del mundo.
Ese doble estándar tiene un nombre: discriminación.
Los tribunales han frenado los abusos
La ofensiva del Gobierno federal ha encontrado resistencia en los tribunales. Jueces federales rechazaron demandas del Departamento de Justicia para obligar a estados como Nueva Jersey y Nuevo México a entregar padrones sin editar con información confidencial de millones de votantes.
La ACLU de Nueva Jersey informó que la administración había perdido 18 decisiones judiciales de fondo relacionadas con estas exigencias.
Esas derrotas no son simples desacuerdos técnicos. Constituyen una advertencia contra el intento de concentrar información electoral sensible en manos de una administración que ha convertido las acusaciones de fraude en un instrumento político.
El voto de personas que no son ciudadanas ya está prohibido y puede generar graves consecuencias penales y migratorias. Los casos comprobados son extraordinariamente escasos y no existe evidencia de una conspiración masiva capaz de justificar que millones de ciudadanos sean colocados bajo vigilancia.
La supuesta defensa de la integridad electoral no puede utilizarse como excusa para violar la privacidad, intimidar comunidades o fabricar obstáculos.
Tienen miedo porque saben que las minorías recuerdan
Los republicanos tienen miedo.
Tienen miedo de los latinos que recuerdan haber sido llamados criminales e invasores. Tienen miedo de los ciudadanos naturalizados que conocen el precio de alcanzar la ciudadanía. Tienen miedo de los afroamericanos que conocen la historia de la supresión electoral. Tienen miedo de los jóvenes que rechazan el racismo y las políticas de exclusión.
Sobre todo, tienen miedo de que esas comunidades conviertan su indignación en participación electoral.
Por eso cuestionan anticipadamente las elecciones que podrían perder. Cuando obtienen la victoria, proclaman que el sistema funcionó perfectamente; cuando las encuestas no les favorecen, denuncian fraude, atacan a los funcionarios electorales y preparan el terreno para desconocer los resultados.
Esa conducta no protege la democracia: la secuestra.
Donald Trump ha convertido el ataque contra las instituciones en una estrategia de supervivencia política. Jueces, fiscales, jurados, periodistas y funcionarios electorales son presentados como enemigos cuando no se someten a sus intereses.
Defenderse ante la justicia es un derecho. Pretender que la ley solamente es legítima cuando favorece al gobernante es autoritarismo.
No quieren elecciones seguras; quieren controlar quién puede votar
La verdadera seguridad electoral exige registros confiables, procedimientos transparentes y acceso efectivo para todo ciudadano elegible. No exige listas secretas, bases de datos defectuosas ni operativos dirigidos contra comunidades específicas.
Quien intenta ganar reduciendo la participación ciudadana no confía en la democracia.
Quien necesita asustar al votante para conservar el poder reconoce, en el fondo, que sus ideas no convencen a la mayoría.
Quien busca silenciar el voto latino no está defendiendo a Estados Unidos: está traicionando uno de sus principios fundamentales.
No nos van a borrar
La respuesta no puede ser el miedo. Debe ser la organización.
Cada ciudadano debe verificar su inscripción, actualizar su dirección, conservar sus documentos y denunciar cualquier intento de intimidación. Las organizaciones comunitarias, iglesias, medios de comunicación y defensores de los derechos civiles tienen la obligación de orientar a los votantes antes de las elecciones.
No permitamos que nadie descubra demasiado tarde que fue eliminado del padrón.
Pueden atacarnos en sus discursos. Pueden cuestionar nuestra ciudadanía. Pueden intentar convertir nuestros apellidos, nuestro idioma o nuestro origen en motivos de sospecha.
Pero no podrán borrar nuestra dignidad ni silenciar nuestra voz si respondemos con participación, vigilancia y firmeza.
Tienen miedo al voto latino porque saben que está creciendo. Intentarán detenerlo, pero no lo van a conseguir. La democracia no pertenece a Donald Trump ni al Partido Republicano: pertenece al pueblo.
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