Senador Cory Booker impulsa eliminar la prohibición federal de la marihuana y reabre el debate nacional

Redacción Q/I

Newark, NJ.– Más de cinco años después de que Nueva Jersey legalizara el uso recreativo de la marihuana, el debate sobre su estatus a nivel federal vuelve a cobrar fuerza en Washington. El senador demócrata por Nueva Jersey, Cory Booker, presentó junto a los senadores Chuck Schumer (Nueva York) y Ron Wyden (Oregón) un proyecto de ley que busca eliminar el cannabis de la lista de sustancias controladas por el gobierno federal y dejar que cada estado establezca sus propias normas de regulación. La iniciativa, denominada Cannabis Administration and Opportunity Act, representa uno de los esfuerzos legislativos más ambiciosos para reformar las políticas nacionales sobre el cannabis. De ser aprobada por el Congreso, pondría fin a décadas de prohibición federal y transformaría profundamente la forma en que esta sustancia es regulada en Estados Unidos. Booker afirmó que las actuales leyes sobre la marihuana han causado un impacto desproporcionado en comunidades de bajos ingresos y en minorías raciales. “Durante décadas, generaciones enteras han sufrido injustamente bajo una fallida guerra contra las drogas y leyes rotas sobre el cannabis. Ya es hora de corregir esa injusticia”, expresó el legislador. Reforma integral

El proyecto contempla una amplia reforma legal que incluye la eliminación de la marihuana de la lista federal de sustancias prohibidas, la reducción o eliminación de sanciones penales relacionadas con el cannabis y la cancelación automática de antecedentes criminales por delitos no violentos vinculados con la posesión de marihuana. Asimismo, permitiría que personas actualmente encarceladas por delitos federales relacionados con el cannabis soliciten una nueva sentencia, además de establecer un marco regulatorio nacional para la producción, distribución, venta y tributación del producto. La propuesta también eliminaría pruebas obligatorias de detección de marihuana para muchos empleados federales y ampliaría las protecciones laborales para quienes trabajan en la industria del cannabis legal. El respaldo de organizaciones nacionales La iniciativa ha recibido el respaldo de organizaciones como la National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML), que sostiene que la legislación federal ya no refleja la realidad del país. Según NORML, casi todos los estados permiten actualmente algún tipo de uso medicinal del cannabis, mientras que 24 estados y varios territorios autorizan además su uso recreativo para adultos. La organización considera que mantener la prohibición federal contradice tanto la opinión pública como la evidencia científica disponible sobre los posibles usos terapéuticos del cannabis. La posición del presidente Donald Trump Aunque tradicionalmente el debate sobre la marihuana ha dividido a los partidos políticos, el presidente Donald Trump sorprendió recientemente al ordenar acelerar el proceso para reclasificar el cannabis dentro de la Ley Federal de Sustancias Controladas. Actualmente, la marihuana figura como una sustancia de Lista I (Schedule I), la misma categoría que incluye drogas como la heroína. La orden ejecutiva de Trump propone trasladarla a la Lista III (Schedule III), junto con medicamentos como el Tylenol con codeína, la ketamina y algunos esteroides anabólicos. El mandatario aclaró que la medida no legaliza el uso recreativo de la marihuana, sino que reconoce que puede tener aplicaciones médicas bajo supervisión profesional. “Quiero enfatizar que esta orden no legaliza la marihuana de ninguna manera. Pero los hechos obligan al gobierno federal a reconocer que puede tener aplicaciones médicas legítimas cuando es administrada cuidadosamente”, declaró Trump. La reclasificación también facilitaría la investigación científica sobre el cannabis y permitiría que las empresas autorizadas puedan acceder a deducciones fiscales tradicionales, fortaleciendo así la estabilidad financiera del sector. División entre los republicanos La decisión del presidente ha generado críticas incluso dentro de su propio partido. El asambleísta republicano de Nueva Jersey Michael Inganamort expresó su desacuerdo con la reclasificación, argumentando que la medida favorecería principalmente a las grandes compañías del sector. Asimismo, un grupo de 22 senadores republicanos envió una carta a la Casa Blanca solicitando reconsiderar la decisión, al considerar que modificar la clasificación del cannabis podría afectar las políticas antidrogas impulsadas por la administración. Booker pide ir más allá Aunque Booker calificó como un avance la reclasificación impulsada por Trump, insiste en que la medida resulta insuficiente. El senador sostiene que mientras el cannabis continúe siendo una sustancia controlada a nivel federal, miles de personas seguirán enfrentando procesos judiciales, antecedentes penales, deportaciones y dificultades laborales por delitos relacionados con la marihuana. Por ello, insiste en que la solución definitiva consiste en eliminar completamente la prohibición federal y permitir que cada estado determine libremente sus políticas. La situación actual en Nueva Jersey Nueva Jersey aprobó el uso medicinal del cannabis en 2010 y legalizó el consumo recreativo para adultos mediante referéndum en 2020. El marco legal definitivo entró en vigor en 2021. Actualmente: Solo personas mayores de 21 años pueden adquirir cannabis en dispensarios autorizados. Se permite portar hasta seis onzas de marihuana. Está prohibido cultivar cannabis en viviendas particulares. Conducir bajo los efectos del cannabis continúa siendo un delito. No está permitido transportar marihuana entre estados, aunque ambos hayan legalizado su consumo. Los adultos pueden regalar hasta una onza de cannabis a otra persona mayor de 21 años, siempre que no exista ningún tipo de compensación económica. Mientras el Congreso continúa evaluando nuevas reformas, el debate sobre el futuro del cannabis en Estados Unidos sigue abierto, enfrentando posturas que buscan ampliar las libertades individuales y corregir injusticias del pasado, frente a quienes advierten sobre los posibles efectos sociales y regulatorios de una mayor flexibilización de las leyes federales.