Citizens Bank rompe vínculos con empresas de cárceles privadas tras presión de activistas

Redacción Q/I

Newark, NJ.– El Citizens Bank, una de las principales instituciones financieras de Estados Unidos, anunció que pondrá fin a sus relaciones crediticias con las empresas GEO Group y CoreCivic, dos de las mayores operadoras privadas de centros de detención para inmigrantes bajo contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión llega tras meses de protestas organizadas por activistas de la coalición De-ICE Citizens Bank, quienes exigían que la entidad financiera dejara de respaldar económicamente a compañías vinculadas al sistema de detención de inmigrantes. GEO Group administra el centro Delaney Hall, en Newark, mientras que CoreCivic opera el Elizabeth Detention Center, en el condado de Union. El banco aseguró que la medida responde a una decisión comercial derivada de cambios en las necesidades financieras de ambas empresas y negó que se trate de una respuesta directa a la presión de los manifestantes. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes calificaron el anuncio como un avance significativo.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, celebró la decisión y afirmó que la ciudad no desea mantener relaciones financieras con instituciones que apoyen operaciones que, según dijo, afectan a las comunidades inmigrantes. Baraka recordó que Newark ya inició el proceso para cerrar antiguas cuentas municipales heredadas tras la adquisición de Investors Bank por Citizens en 2022. La medida también ha motivado a otras ciudades de Nueva Jersey, como Jersey City, Montclair y Bloomfield, a revisar o retirar sus fondos del banco, argumentando la necesidad de que las inversiones públicas reflejen los valores de justicia y respeto a los derechos humanos. Aunque activistas reconocieron el anuncio como un paso positivo, pidieron a Citizens Bank comprometerse a no otorgar nuevos préstamos o servicios financieros a empresas del sector de cárceles privadas y aumentar sus inversiones en comunidades inmigrantes afectadas por el sistema de detención. Para los promotores de la campaña, la decisión demuestra que la presión ciudadana puede influir en las políticas corporativas y abrir espacio para un mayor compromiso con la responsabilidad social.