Redacción Q/I
Elizabeth, NJ.– Abogados especializados en inmigración denunciaron un endurecimiento significativo en las cortes migratorias de Estados Unidos, asegurando que un número creciente de inmigrantes detenidos está siendo privado del derecho a obtener libertad bajo fianza mientras enfrentan sus procesos de deportación.
Según juristas que litigan regularmente en las cortes de Elizabeth y Newark, la política migratoria aplicada durante la segunda administración del presidente Donald Trump ha provocado un cambio drástico en la forma en que los jueces manejan las solicitudes de fianza, favoreciendo con mayor frecuencia los argumentos del Gobierno federal para mantener a los inmigrantes detenidos.
La abogada Adriana Mitchell, con sede en Filadelfia, afirmó que los inmigrantes ya no reciben audiencias imparciales sobre su derecho a la libertad bajo fianza. Por su parte, el reconocido abogado de inmigración de Newark, Lawrence K. Le Roy, calificó el sistema actual como un verdadero "espectáculo de horror" y aseguró que las cortes se han convertido en una "máquina de deportación", advirtiendo que tomarán años revertir los cambios implementados.

El cambio comenzó tras una nueva interpretación de las leyes migratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que instruyó a los jueces a no conceder audiencias de fianza a quienes ingresaron al país sin pasar por un puerto oficial de entrada. Posteriormente, en septiembre de 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración formalizó ese criterio, determinando que los jueces carecen de jurisdicción para conceder fianza a personas que nunca fueron admitidas o inspeccionadas oficialmente por las autoridades migratorias.
Los abogados sostienen que esta política afecta incluso a inmigrantes con décadas viviendo en Estados Unidos, sin antecedentes penales, con familias ciudadanas estadounidenses, empleo estable y solicitudes legales pendientes.
Durante recientes audiencias celebradas en la Corte de Inmigración de Elizabeth, la mayoría de los inmigrantes detenidos vieron rechazadas sus solicitudes de libertad bajo fianza, independientemente de sus circunstancias personales. En uno de los pocos casos aprobados, un juez autorizó la libertad de un padre residente en Morristown, tras considerar las graves condiciones médicas y familiares que enfrentaba su hijo, fijando una fianza de 5,000 dólares.
En contraste, otro inmigrante mexicano, residente durante más de dos décadas en Estados Unidos, con domicilio fijo y respaldo de su comunidad religiosa, permaneció detenido luego de que el tribunal concluyera que existía riesgo de fuga, pese a que no presentaba antecedentes de violencia.
El congresista demócrata por Nueva Jersey, Rob Menendez, criticó el rumbo que han tomado las cortes migratorias y afirmó que la mayoría republicana ha permitido el nombramiento de jueces alineados con una política orientada a restringir las garantías procesales de los inmigrantes.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles y abogados migratorios advierten que la negativa sistemática de las fianzas está incrementando la población en centros de detención y dificultando que miles de personas puedan preparar adecuadamente su defensa legal mientras permanecen privadas de libertad.

El debate sobre la constitucionalidad de estas restricciones continúa en los tribunales federales, mientras distintas cortes de apelaciones analizan impugnaciones que podrían definir el futuro del acceso a audiencias de fianza para miles de inmigrantes en todo Estados Unidos.
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