Santiago Paniagua / Redacción Q/I

Editorial-¿Soberanía negociada o Estado de derecho debilitado?

La República Dominicana enfrenta una discusión que trasciende la política migratoria y entra directamente en el terreno de la soberanía nacional, el respeto a la Constitución y la independencia de las instituciones. Las recientes denuncias formuladas por el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, sobre el acuerdo firmado entre la República Dominicana y Estados Unidos para recibir ciudadanos de terceros países deportados, han abierto un debate que no puede ser ignorado ni reducido a simples diferencias ideológicas. La cuestión fundamental no es si la República Dominicana debe cooperar con Estados Unidos. Históricamente ambos países han mantenido relaciones estrechas y mutuamente beneficiosas. Tampoco se trata de rechazar mecanismos de colaboración internacional en materia migratoria o de seguridad regional. La verdadera interrogante es otra: ¿puede un Estado democrático asumir compromisos internacionales que generan obligaciones permanentes sin cumplir previamente con los mecanismos constitucionales establecidos para su aprobación? Wilson Gómez plantea una preocupación que merece atención. Si el acuerdo compromete recursos, modifica responsabilidades estatales y crea obligaciones jurídicas para la República Dominicana, entonces resulta razonable preguntarse si debió ser conocido por el Tribunal Constitucional y posteriormente sometido al Congreso Nacional. La Constitución dominicana no fue diseñada para facilitar decisiones unilaterales del poder político. Fue concebida precisamente para evitar que asuntos de alta trascendencia nacional dependan exclusivamente de la voluntad circunstancial de un gobierno. Cuando se intenta sustituir un tratado por la figura de un memorándum, el debate deja de ser migratorio y se convierte en institucional. La preocupación aumenta cuando se analiza el contenido del acuerdo. Según los cuestionamientos presentados, la República Dominicana estaría aceptando recibir personas deportadas desde Estados Unidos que no son ciudadanos dominicanos ni nacionales de nuestro territorio. Esto introduce un precedente complejo. Mientras Estados Unidos protege rigurosamente sus intereses migratorios y exige el cumplimiento estricto de sus leyes, la República Dominicana asumiría responsabilidades adicionales sin que exista una relación de reciprocidad equivalente. La pregunta es legítima: ¿qué obtiene el país a cambio de asumir una carga que su propia legislación migratoria no contempla? El debate también adquiere una dimensión histórica. Juan Pablo Duarte concibió la independencia dominicana como un proyecto permanente de autodeterminación nacional. Para el patricio, la soberanía no era una consigna temporal ni un instrumento político; era una condición indispensable para la existencia misma de la República. Durante 182 años, los dominicanos han defendido esa idea frente a invasiones, intervenciones extranjeras, protectorados y presiones internacionales. Por ello, cualquier medida que pueda interpretarse como una cesión de facultades soberanas genera inevitablemente preocupación en amplios sectores de la sociedad. A esto se suma la decisión del gobierno dominicano de aportar recursos económicos para apoyar iniciativas de seguridad en Haití. Aunque la estabilidad haitiana es de interés estratégico para la República Dominicana, muchos ciudadanos cuestionan si el país posee la capacidad financiera y las garantías necesarias para asumir compromisos de esa magnitud cuando todavía enfrenta importantes desafíos internos en educación, salud, seguridad ciudadana y desarrollo económico. Sin embargo, el fondo de la discusión sigue siendo constitucional. En una democracia madura, la transparencia institucional no debe verse como un obstáculo para gobernar. Por el contrario, constituye la principal fuente de legitimidad de las decisiones públicas. Si el acuerdo cumple con la Constitución, debe someterse a los procedimientos que la propia Constitución establece. Si no los cumple, corresponde a las instituciones determinar sus consecuencias jurídicas. La defensa de la soberanía no pertenece a un partido político ni a una corriente ideológica. Es una responsabilidad colectiva. Del mismo modo, el respeto al Estado de derecho no puede depender de quién ocupe el poder en un momento determinado. Las naciones fuertes no son aquellas que obedecen sin cuestionar ni aquellas que rechazan toda cooperación internacional. Son las que saben colaborar con el mundo sin renunciar a sus principios constitucionales. Y en esa línea, la República Dominicana tiene el deber de demostrar que su compromiso con la democracia es tan firme como su compromiso con sus aliados.