Redacción Q/I
Newark, NJ.— Un nuevo capítulo en la larga lucha contra la corrupción pública en Nueva Jersey se cerró esta semana con la sentencia federal impuesta a Carmelo García, ex vicealcalde de Newark y exdirector del Departamento de Desarrollo Económico y Vivienda de la ciudad, quien fue condenado a 12 meses y un día de prisión federal por participar en un esquema de sobornos y pagos ilegales relacionado con proyectos de desarrollo inmobiliario en propiedades pertenecientes a la ciudad.
La sentencia fue anunciada por el fiscal federal Robert Frazer, luego de que García se declarara culpable de varios cargos federales, incluyendo conspiración para defraudar a la Ciudad de Newark y a la antigua Newark Community Economic Development Corporation (NCEDC), fraude de servicios honestos y aceptación de sobornos vinculados a una entidad gubernamental que recibía fondos federales.
Además de la pena de prisión, el exfuncionario de 51 años deberá cumplir tres años de libertad supervisada una vez concluya su encarcelamiento.
Según los documentos judiciales, García aprovechó las posiciones de poder que ocupaba tanto en el gobierno municipal como en la NCEDC —actualmente conocida como Invest Newark— para favorecer a desarrolladores privados interesados en adquirir terrenos propiedad de la ciudad destinados a proyectos de reurbanización.
La investigación federal determinó que entre 2017 y abril de 2019, García aceptó dinero en efectivo, joyas de lujo y otros beneficios de parte de los desarrolladores Frank Valvano Jr. e Irwin Sablosky. Las autoridades sostienen que dichos beneficios tenían como objetivo influir en las decisiones oficiales del entonces funcionario y garantizar un trato favorable para los proyectos impulsados por ambos empresarios.
Los fiscales señalaron que García utilizó su influencia para ayudar a los desarrolladores a obtener cartas preliminares de designación y acuerdos de reurbanización que les permitieron acceder a terrenos municipales con gran potencial económico. Dichas acciones facilitaron la adquisición y desarrollo de propiedades públicas bajo condiciones favorables para los inversionistas involucrados.
Las autoridades federales también indicaron que los pagos tenían como propósito asegurar que García no utilizara su autoridad o influencia en contra de los intereses comerciales de los desarrolladores.
Uno de los aspectos más llamativos del caso fue el descubrimiento de que los sobornos no se limitaron a dinero en efectivo. La investigación reveló que García recibió relojes de alta gama, cadenas de lujo y otras joyas costosas suministradas a través de un negocio de empeño y joyería operado por Valvano y Sablosky.
Los registros judiciales muestran además una extensa red de comunicaciones entre los implicados. Agentes federales recopilaron mensajes de texto, registros telefónicos y otras evidencias que documentaban la coordinación de pagos y reuniones. Algunos de esos mensajes, según los fiscales, mostraban a García organizando personalmente la recogida de dinero en efectivo.
El caso representa uno de los procesos de corrupción pública más significativos relacionados con proyectos de desarrollo urbano en Newark durante los últimos años. Las autoridades federales han reiterado que continuarán investigando cualquier conducta que comprometa la integridad de los procesos de contratación, planificación y desarrollo económico en las ciudades que reciben fondos públicos.
La sentencia también envía un mensaje contundente sobre la vigilancia federal en torno a los programas de reurbanización urbana, un sector donde históricamente han surgido preocupaciones sobre conflictos de interés, favoritismos políticos y uso indebido de recursos públicos.
Para muchos residentes de Newark, el caso reabre el debate sobre la transparencia en el manejo de propiedades municipales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión en proyectos de desarrollo económico que involucran millones de dólares en inversión pública y privada.
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