Congresista LaMonica McIver denuncia persecución política en caso por incidente con agentes federales

Redacción Q/I

Wilmington, Delaware.— La congresista demócrata por el Distrito 10 de Nueva Jersey, LaMonica McIver, aseguró que enfrenta una persecución política impulsada por la administración del presidente Donald Trump, luego de comparecer ante la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito, donde busca que sean desestimados los cargos criminales presentados en su contra por un incidente ocurrido en el centro de detención migratoria de Delaney Hall, en Newark. McIver, quien recientemente anunció que espera su segundo hijo, afirmó que el Departamento de Justicia intenta encarcelarla por "hacer su trabajo" como miembro del Congreso. La legisladora enfrenta dos cargos federales por delitos graves y uno menor por presuntamente agredir e impedir la labor de agentes federales durante una visita de supervisión realizada el 9 de mayo de 2025. Durante la audiencia, sus abogados argumentaron que la congresista actuaba en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, un derecho protegido por la Constitución de Estados Unidos mediante la llamada "Cláusula de Debate o Discurso", que concede inmunidad a los legisladores por actividades propias de su cargo. La defensa sostuvo que McIver acudió a Delaney Hall junto a otros funcionarios electos para inspeccionar las condiciones del centro de detención y supervisar las acciones de las autoridades migratorias. Según sus abogados, el enfrentamiento surgió cuando intentó observar el arresto del alcalde de Newark, Ras Baraka, quien posteriormente vio desestimados los cargos de allanamiento que enfrentaba. Por el contrario, los fiscales federales sostienen que la inmunidad legislativa no protege actos que consideran violentos y afirman que McIver golpeó con su antebrazo a un agente federal y empujó a otro mientras estos ejecutaban el arresto del alcalde. El gobierno insiste en que esos hechos constituyen una violación de las leyes federales que protegen a los oficiales del orden público. Durante la audiencia, los jueces cuestionaron a ambas partes sobre los límites de la inmunidad legislativa y preguntaron si existen precedentes similares. Incluso la Fiscalía reconoció que el caso "no es un caso típico", mientras que la defensa calificó el proceso como una represalia política destinada a intimidar a los miembros del Congreso que supervisan las políticas migratorias del gobierno federal. Al concluir la vista, McIver reiteró que el proceso judicial busca castigarla por sus críticas a la política migratoria de la administración Trump. "Están utilizando al Departamento de Justicia para cumplir una vendetta política contra quienes no comparten sus posiciones", declaró la congresista, quien calificó el proceso como agotador para ella y su familia. El Tribunal de Apelaciones no anunció cuándo emitirá su decisión sobre la solicitud para desestimar los cargos, un fallo que podría tener importantes implicaciones sobre el alcance de la inmunidad constitucional de los miembros del Congreso durante sus labores de supervisión gubernamental.