Opinion-El silencio que mata: cuando el Estado reconoce el fracaso, pero no actúa

Santiago Paniagua / Redacción Q/I En la República Dominicana, ser mujer y denunciar violencia sigue siendo, en demasiados casos, una sentencia diferida de muerte. No por falta de leyes, no por falta de discursos, sino por la peligrosa combinación de indiferencia institucional, burocracia ineficaz y una cultura de reacción tardía que llega cuando ya es demasiado tarde. Las recientes declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña y de la ministra de Interior y Policía Faride Raful no dejan lugar a dudas: el sistema ha fallado. Ellas mismas lo han dicho, con una franqueza que, aunque necesaria, resulta insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Treinta mujeres asesinadas en lo que va de 2026 no son una estadística; son treinta pruebas de que el Estado dominicano llega tarde, o simplemente no llega. Reconocer el fracaso no es gobernar. Admitir que “hemos fallado” no protege a una mujer que llama al 911 y no recibe respuesta oportuna. No salva a la víctima que pone una denuncia y regresa a su casa sin protección. No detiene al agresor que ya ha sido identificado, pero nunca contenido. Aquí es donde el discurso oficial comienza a fracturarse. Mientras se habla de “educación”, de “trabajo en conjunto” y de “compromiso social”, las víctimas siguen enfrentando un sistema que, en la práctica, les ofrece muy pocas salidas reales. Refugios insuficientes, órdenes de alejamiento que no se supervisan, procesos judiciales lentos y, en muchos casos, una peligrosa normalización de la violencia dentro de las propias instituciones. La pregunta es inevitable: ¿cuántas mujeres más deben morir mientras el Estado “sigue trabajando”? Porque lo cierto es que las soluciones estructurales no pueden seguir postergándose bajo el argumento de que “esto toma tiempo”. La violencia de género no espera. El agresor no entra en pausa. La víctima no tiene el lujo de esperar a que el sistema se reorganice. Más preocupante aún es que, pese al reconocimiento del problema, no se han presentado medidas concretas, medibles y urgentes que cambien la realidad inmediata de las mujeres en riesgo. No basta con declarar que se utilizarán “todas las herramientas disponibles” cuando esas herramientas, claramente, no están funcionando. Este no es solo un fallo técnico; es un fallo moral y político. El Estado dominicano tiene la obligación constitucional de garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de sus ciudadanos. Cuando una mujer denuncia violencia y termina asesinada, el Estado no es un espectador inocente: es parte de un sistema que falló en protegerla. Y aquí es donde la responsabilidad política debe ser nombrada sin rodeos. La vicepresidenta y la ministra no son comentaristas del problema; son parte del poder que debe resolverlo. Su rol no es describir la crisis, sino enfrentarla con acciones inmediatas y contundentes. Pero esta responsabilidad no se detiene ahí. También alcanza directamente al presidente Luis Abinader, quien no puede permanecer en la comodidad del diagnóstico mientras el país enfrenta una emergencia silenciosa que se cobra vidas cada semana. Señor Presidente, esta no es una crisis ajena. Usted gobierna un país donde cada víctima pudo haber sido evitada con un sistema que funcionara. Usted dirige instituciones que hoy reconocen su propio fracaso. Y usted, como hombre, como esposo y como padre de hijas, sabe que ninguna familia está exenta de esta realidad. No se trata de alarmismo, sino de una verdad incómoda: la violencia no distingue apellidos, clases sociales ni posiciones de poder. Ojalá nunca ocurra, pero mañana cualquier mujer —en cualquier hogar— puede convertirse en víctima de un sistema que no reaccionó a tiempo. Por eso, el país no necesita más empatía en discursos; necesita decisiones que salven vidas. Necesita que desde la Presidencia se asuma este tema como una prioridad nacional, con carácter de urgencia, con seguimiento directo, con consecuencias claras para quienes no cumplan su deber de proteger. Se necesitan protocolos obligatorios de respuesta inmediata, monitoreo real de agresores reincidentes, protección efectiva a denunciantes, expansión urgente de casas de acogida y una reforma operativa que elimine la burocracia que hoy cuesta vidas. Cada feminicidio que ocurre después de una denuncia es una cadena de omisiones. Cada vida perdida es una evidencia de que algo que debía activarse, no se activó. Y mientras el Estado reconoce su fracaso, las familias dominicanas siguen enterrando a sus hijas. Ese es el verdadero rostro de esta crisis. No el de las ruedas de prensa, ni el de las declaraciones bien intencionadas, sino el de un país donde pedir ayuda todavía no garantiza sobrevivir. La República Dominicana no puede permitirse seguir fallando. Porque en este contexto, fallar no es un error: es una tragedia repetida.