Santiago Paniagua / Redacción Q/I
236 muertos después, la gran pregunta no es por qué cayó el techo, sino por qué el poder sigue de pie
La tragedia más devastadora de la historia civil dominicana ha destapado una sospecha nacional todavía más aterradora: que en este país la justicia no avanza según el tamaño del crimen, sino según el tamaño del apellido.
En la República Dominicana las tragedias cambian de nombre, cambian de escenario, cambian de protagonistas y cambian de cantidad de muertos o de millones robados.
Lo que casi nunca cambia es el desenlace:
el poder gana tiempo, la justicia pierde dientes y el pueblo termina acumulando frustración.
Pasó con Odebrecht, pasó con Medusa, pasa con Coral, pasa con Calamar, y hoy vuelve a pasar, de la forma más obscena y dolorosa, con la tragedia de Jet Set.
Porque lo que este país está viendo con estupor no es solamente la lentitud de un expediente judicial.
Lo que está viendo es la repetición de un patrón nacional demasiado conocido:
cuando el escándalo toca a gente con dinero, relaciones, influencia mediática o vasos comunicantes con la política, la justicia dominicana deja de correr y empieza a administrar calendarios.
LA JUSTICIA DEL PODER NO FUNCIONA CON RELOJES DEL PUEBLO
El derrumbe del Jet Set no dejó solo 236 muertos y más de 180 heridos.
Dejó algo más corrosivo:
dejó una nación completa observando cómo una tragedia de dimensiones históricas entra lentamente en la trituradora habitual de los procesos dominicanos largos, pesados y emocionalmente desgastantes.
Mientras las familias siguen visitando tumbas, revisando expedientes médicos, pagando terapias y sosteniendo aniversarios imposibles, el aparato judicial continúa moviéndose con una serenidad que para miles de dominicanos ya dejó de parecer prudencia institucional y comenzó a parecer tolerancia estructural.
Porque cuando la magnitud del dolor es inmensa pero la velocidad del castigo es mínima, nace inevitablemente la sospecha de que la ley está calculando antes de golpear.
Y eso es exactamente lo que hoy siente la calle.
Que aquí no se está administrando únicamente un expediente penal.
Se está administrando una relación de fuerzas.
ABINADER Y EL RIESGO DE PASAR DE PRESIDENTE DEL CAMBIO A ADMINISTRADOR DEL DESGASTE
Luis Abinader apareció en las horas más dramáticas de la tragedia como corresponde a un jefe de Estado: rostro compungido, promesa de respuestas, duelo nacional, discursos de solidaridad.
Pero una tragedia de esta magnitud no se resuelve con presencia inicial.
Se mide por la capacidad de convertir el duelo en doctrina de Estado.
Y eso no ocurrió.
No hubo una cruzada nacional de inspección de estructuras similares con consecuencias inmediatas.
No hubo una depuración visible de la cadena institucional que falló en fiscalizar.
No hubo una narrativa gubernamental sostenida de persecución ejemplar.
Hubo, más bien, la clásica transición del escándalo hacia el silencio administrativo.
El Gobierno pareció acompañar el luto, pero no liderar una ofensiva política feroz contra todo lo que permitió el desastre.
Y cuando un presidente no presiona moralmente al sistema frente a 236 muertos, el sistema vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: respirar lento.
UNA PROCURADURÍA QUE ACUSA… PERO TODAVÍA NO ESTREMECE
La Procuraduría General de la República Dominicana ha presentado peritajes y sostiene que hubo sobrepeso estructural, negligencia y conocimiento previo de daños relevantes en la infraestructura.
Sin embargo, en la percepción popular persiste una grieta profunda:
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