Redacción Q/I
New York, NY.- La campaña congresual en el Distrito 13 de Nueva York ha entrado en una nueva fase de controversia luego de que salieran a la luz cuestionamientos sobre la credibilidad política de Darializa Avila Chevalier, candidata socialista demócrata que busca desplazar al veterano congresista Adriano Espaillat en las primarias del próximo 23 de junio.
Chevalier, quien ha construido buena parte de su discurso sobre la defensa de los inmigrantes, la denuncia del sistema federal de deportaciones y la exigencia de eliminar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), enfrenta ahora fuertes críticas tras revelarse que su comité político recibió aportes económicos de personas vinculadas a compañías tecnológicas señaladas por colaborar con sistemas de vigilancia y monitoreo utilizados por agencias de seguridad del gobierno federal.
Las revelaciones, difundidas inicialmente por el New York Post y replicadas por otros medios políticos de la ciudad, indican que entre los donantes figuran individuos relacionados con las firmas Palantir Technologies y Dataminr, dos empresas ampliamente cuestionadas por organizaciones civiles debido al uso de sus plataformas en rastreo de protestas, recopilación de datos masivos y apoyo a operaciones migratorias vinculadas con ICE.
Uno de los nombres que aparece en los registros de financiamiento es el de un ingeniero de Palantir involucrado con la plataforma Foundry, herramienta que durante la pasada administración federal fue utilizada para consolidar bases de datos sobre ciudadanos y no ciudadanos. A ello se suma la presencia de aportes procedentes de redes de inversión conectadas con Dataminr, firma cuya tecnología de inteligencia artificial ha servido para alertas de seguimiento en manifestaciones públicas.
La situación ha generado incomodidad entre votantes progresistas y dentro del propio electorado inmigrante del Alto Manhattan y sectores del Bronx, donde Chevalier intenta posicionarse como la alternativa “antisistema”. Para muchos observadores, la contradicción resulta políticamente delicada: mientras la candidata condena públicamente el aparato de control migratorio, acepta dinero de círculos corporativos que han sido asociados precisamente con el fortalecimiento de ese mismo modelo de vigilancia estatal.
Analistas electorales entienden que el episodio erosiona la narrativa de pureza ideológica que la aspirante había tratado de proyectar frente a Espaillat, un congresista con profundas raíces comunitarias y respaldo consolidado entre sindicatos, liderazgos demócratas y organizaciones barriales del distrito.
A la polémica financiera se suma además el cuestionamiento sobre la viabilidad de su propuesta socialista. Comerciantes, pequeños empresarios y residentes consultados en Washington Heights e Inwood han expresado reservas sobre una plataforma que, según afirman, reproduce modelos económicos que han terminado en colapso social en otras naciones.
“Los discursos socialistas suenan atractivos en campaña, pero terminan castigando a quienes trabajan y producen”, manifestó Pedro Garrido, propietario de un pequeño negocio en el Alto Manhattan. En términos similares se expresó Diana Pichardo, residente del distrito, quien sostuvo que “las promesas radicales suelen dejar a la gente en peores condiciones”.
Mientras tanto, números internos divulgados por la propia campaña de Chevalier muestran que la aspirante continúa detrás de Adriano Espaillat en intención de voto, en una contienda donde el congresista dominicano sigue figurando como favorito por su maquinaria territorial y su histórico vínculo con la comunidad latina y afroamericana del Distrito 13.
Las próximas semanas serán decisivas para determinar si esta controversia financiera se convierte en un golpe severo para la insurgencia socialista o si la candidata logra contener el daño entre un electorado que, cada vez más, exige coherencia entre discurso político, origen del dinero y transparencia pública.
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