Opinión – El eco histórico del racismo en la política estadounidense

Cuando el poder revive viejas sombras

Santiago Paniagua / Redacción Q/I La historia de Estados Unidos está llena de momentos de grandeza moral, pero también de capítulos oscuros que el país ha tenido que confrontar con dolor y vergüenza. La esclavitud, las leyes de segregación racial conocidas como Jim Crow, la persecución a minorías y el racismo institucional no son simples notas al pie de la historia. Son heridas profundas que han marcado la evolución política y social de la nación. Durante el siglo XX, líderes y movimientos sociales lucharon para cerrar esas heridas. El movimiento por los derechos civiles, encabezado por figuras como Martin Luther King Jr., logró avances históricos al desafiar la segregación y exigir igualdad ante la ley. Décadas después, la elección de Barack Obama fue presentada por muchos como un símbolo de progreso, una señal de que el país podía avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Sin embargo, la historia demuestra que los avances sociales no siempre son permanentes. Las tensiones raciales en Estados Unidos nunca desaparecieron; simplemente cambiaron de forma. Hoy, el debate vuelve a encenderse con fuerza alrededor de la figura del presidente Donald Trump, cuya retórica sobre inmigración y seguridad ha sido señalada por diversos organismos internacionales como un factor que alimenta un clima de hostilidad contra comunidades racializadas. El reciente pronunciamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas marca un momento particularmente significativo. No se trata de un informe genérico sobre racismo estructural —algo que ya ha sido discutido durante décadas—. En esta ocasión, el organismo señaló directamente al presidente estadounidense por su discurso político, vinculándolo con lo que considera graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la política migratoria. El informe denuncia prácticas de perfil racial por parte de agencias federales como ICE y la Patrulla Fronteriza, además de cuestionar operativos migratorios realizados cerca de escuelas, hospitales y templos religiosos. Las cifras citadas en el debate público son impactantes: cientos de miles de deportaciones y un aumento significativo en los centros de detención migratoria desde el regreso de Trump al poder. Más preocupante aún son los episodios violentos ocurridos durante operativos federales o protestas relacionadas con la política migratoria. Algunos de esos casos han involucrado el uso de fuerza letal, lo que ha generado cuestionamientos tanto dentro como fuera del país. La reacción oficial de la Casa Blanca fue desestimar el informe calificándolo de “inútil”. Pero esa respuesta revela un problema más profundo: la dificultad de Estados Unidos para aceptar críticas externas cuando estas cuestionan su propia narrativa democrática. Durante décadas, Washington ha exigido estándares de derechos humanos a otros países. Ha denunciado abusos en América Latina, Asia y África. Ha impulsado sanciones, informes y resoluciones internacionales. Sin embargo, cuando el escrutinio se dirige hacia su propio sistema, la reacción suele ser defensiva. Esto no es un fenómeno nuevo en la política estadounidense. A lo largo de su historia, el país ha tenido que enfrentar momentos en los que el discurso político alimentó divisiones raciales. Desde las campañas nativistas del siglo XIX contra inmigrantes irlandeses y chinos, hasta la criminalización sistemática de comunidades afroamericanas durante la era de la segregación, el uso del miedo y la identidad racial como herramienta política ha sido una constante en distintos momentos históricos. La diferencia hoy es el alcance del poder presidencial y el impacto global de sus palabras. Cuando el líder de una nación con la influencia de Estados Unidos utiliza un lenguaje que demoniza a inmigrantes, cuestiona la legitimidad de comunidades enteras o legitima políticas que afectan de manera desproporcionada a minorías, el efecto no se limita a la política doméstica. Se proyecta al mundo. Y ahí es donde surge la pregunta central: ¿estamos ante un retroceso histórico? Las democracias no se debilitan únicamente por golpes de Estado o crisis económicas. También se erosionan lentamente cuando el discurso político normaliza el prejuicio, cuando el poder se utiliza para dividir y cuando la dignidad humana se convierte en una variable secundaria frente al cálculo electoral. Estados Unidos ha demostrado antes que puede corregir su rumbo. La abolición de la esclavitud, la aprobación de las leyes de derechos civiles y la lucha contra la discriminación fueron el resultado de una sociedad que decidió confrontar sus propios errores. Pero esos avances nunca fueron inevitables. Fueron el producto de presión social, valentía política y una conciencia moral colectiva. Hoy el país enfrenta nuevamente una prueba histórica. No se trata simplemente de Donald Trump. Se trata de decidir qué tipo de nación quiere ser Estados Unidos en el siglo XXI. Si la historia enseña algo, es que las sociedades que ignoran sus advertencias terminan repitiendo sus errores. Y cuando el poder se niega a mirar el espejo de la historia, el reflejo puede volverse aún más inquietante.