Washington, DC.- La Corte Suprema de Estados Unidos
anunció este viernes que revisará la constitucionalidad de la orden ejecutiva
emitida por el presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por
nacimiento en el país. El decreto, firmado el primer día de su regreso a la
Casa Blanca, establece que los hijos de inmigrantes indocumentados y de ciertos
residentes temporales no recibirían automáticamente la ciudadanía, rompiendo
con una interpretación vigente desde 1898.
La orden nunca llegó a aplicarse, pues tribunales
federales en distintos estados bloquearon su entrada en vigor de inmediato por
considerarla violatoria de la Constitución. El debate impacta un principio
central del país: el derecho consagrado en la Enmienda 14, según el cual toda
persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, independientemente
del estatus migratorio de sus padres.
Trump ha cuestionado públicamente la ciudadanía por
nacimiento desde hace años, asegurando tras ganar la reelección en 2024 que la
práctica debía terminar. Aliados suyos argumentan que la Enmienda 14 fue
diseñada únicamente para garantizar ciudadanía a los hijos de personas
esclavizadas y que su interpretación actual es errónea. Esa visión, antes
marginal, cobró fuerza en ciertos sectores conservadores tras el respaldo
presidencial.
El decreto presidencial fijó un plazo de 30 días para
entrar en vigencia, pero cortes en Washington, Maryland y Massachusetts lo
congelaron a nivel nacional. El juez federal John C. Coughenour calificó la
orden de “flagrantemente inconstitucional”. Inicialmente, los abogados del
gobierno solicitaron a la Corte Suprema pronunciarse sobre los límites del
poder judicial para emitir suspensiones colectivas —conocidas como interdictos
universales— más que sobre el fondo del caso.
En junio, los magistrados fallaron 6-3 a favor de
recortar la capacidad de los jueces federales de bloquear medidas
gubernamentales a escala nacional. Horas después, la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU) presentó una nueva demanda colectiva para cuestionar
directamente la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, alegando que la
decisión pondría en riesgo a miles de niños que podrían quedar sin
nacionalidad.
La ACLU invocó el precedente de 1898 en el caso Wong Kim
Ark, en el que la Corte determinó que una persona nacida en San Francisco de
padres no ciudadanos era estadounidense por derecho. Su directora legal afirmó
que la ciudadanía por nacimiento ha sido “ley y tradición nacional durante más
de 150 años”.
En julio, un juez federal en New Hampshire certificó la
demanda colectiva presentada por la organización. En respuesta, el procurador
general D. John Sauer sostuvo ante la Corte que la Enmienda 14 fue concebida
para asegurar ciudadanía a los esclavizados liberados tras la Guerra Civil y no
a hijos de extranjeros de paso o en situación irregular. Según Sauer, la
interpretación vigente es “errónea” y el decreto presidencial busca “restaurar
el significado original” de la cláusula.
Tras el anuncio de la Corte Suprema, la portavoz de la
Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que el caso tendrá “consecuencias enormes
para la seguridad de todos los estadounidenses y la santidad de la ciudadanía”.
Señaló que el gobierno espera defender su posición ante los jueces en
representación del pueblo estadounidense.
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