Newark, NJ.- ,El Concejo Municipal de Newark dio un
primer paso para restringir la expansión de infraestructuras de combustibles
fósiles dentro de la ciudad, al introducir en primera lectura una propuesta
legislativa que modificaría los códigos de uso de suelo y el financiamiento
público. La iniciativa, conocida como Ports for People: Newark Fossil Free
Future Ordinance, fue presentada durante la sesión del 17 de diciembre y deberá
pasar por un proceso adicional de debate y una segunda votación antes de
convertirse en ley.
De ser aprobada, la ordenanza buscaría detener la
expansión de grandes fuentes de contaminación del aire al prohibir nuevas
instalaciones de combustibles fósiles o la ampliación de las existentes dentro
de los límites municipales. Asimismo, impediría el uso de fondos públicos para
proyectos de infraestructura considerados contaminantes y apuntaría a reducir
la carga ambiental que enfrentan comunidades históricamente afectadas por la
polución.
Newark, considerada un eje económico clave por su
actividad portuaria e industrial, enfrenta desde hace años cuestionamientos por
los impactos ambientales asociados a ese desarrollo. Organizaciones
comunitarias sostienen que los beneficios económicos han venido acompañados de
un deterioro en la salud pública, especialmente en vecindarios cercanos al
puerto.
De acuerdo con la Ironbound Community Corporation,
alrededor de 31 millones de personas en Estados Unidos viven a menos de tres
millas de un puerto, la mayoría en comunidades de primera línea que ya soportan
niveles desproporcionados de contaminación. La organización advierte que los
barcos utilizan combustibles altamente contaminantes, generando emisiones con
compuestos cancerígenos y partículas finas asociadas a asma, enfermedades
cardíacas y muertes prematuras.
En Newark, las cifras de salud refuerzan esas
preocupaciones. Se estima que uno de cada cuatro niños padece asma, una proporción
muy superior al promedio nacional. Leah Owens, analista de puertos y políticas
de la South Ward Environmental Alliance, afirmó que las partículas
contaminantes pueden ingresar al torrente sanguíneo y provocar inflamación
sistémica en órganos vitales, convirtiendo decisiones de zonificación en
asuntos de vida o muerte para la comunidad.
La propuesta también cuenta con el respaldo de activistas
ambientales regionales. Altorice Frazier, de Pacific Environment, señaló que la
ciudad tiene la oportunidad de priorizar la salud y el futuro de las
comunidades más expuestas. A su vez, Erica Beverett, organizadora de Parents
Engaging Parents, destacó que padres locales llevan años oponiéndose a la
contaminación que afecta directamente a sus hijos. Entre los apoyos legales
figura también la firma ambientalista Earthjustice.
La introducción de la ordenanza ocurre en paralelo a una
prolongada controversia por la construcción de una nueva planta de energía en
la sección de Ironbound. El proyecto forma parte de un plan de resiliencia
desarrollado tras el impacto del huracán Sandy, cuando instalaciones críticas
de aguas residuales se inundaron y vertieron desechos al río Passaic. Como
respuesta, la Passaic Valley Sewerage Commission impulsó una serie de
renovaciones, incluida una planta de respaldo energético en Wilson Avenue para
garantizar operaciones durante apagones.
La comisión ha sostenido que la planta contará con
controles de emisiones de última generación y que su impacto sería mínimo, al
activarse solo en situaciones de emergencia. Sin embargo, defensores
comunitarios argumentan que el área ya está saturada de fuentes contaminantes,
como incineradores, tráfico pesado de camiones, sitios industriales
contaminados y múltiples chimeneas, además de albergar instalaciones
carcelarias y un centro federal de detención migratoria.
Pese a las objeciones, el Departamento de Protección
Ambiental de Nueva Jersey autorizó el inicio de la construcción, decisión que
fue aprobada por la comisión en una votación dividida. Posteriormente, la
ciudad y la Ironbound Community Corporation presentaron demandas para frenar el
proyecto. En octubre, un juez del condado de Essex ordenó la suspensión de las
obras mientras continúa el litigio.
Los impulsores de la nueva ordenanza esperan que el
cambio normativo fortalezca ese esfuerzo legal y marque un giro en la política
ambiental de Newark. Para Alejandra Torres, de la Ironbound Community
Corporation, la medida representa un paso clave para detener una expansión de
infraestructura que, según sostiene, ha impuesto durante décadas costos
ambientales y de salud a comunidades que no eligieron cargar con ellos.
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