Washington, DC.- El momento decisivo está próximo en la
prolongada controversia sobre los archivos federales del caso de Jeffrey
Epstein, luego de que el gobierno federal quedara obligado por ley a divulgar
la documentación relacionada con la investigación del fallecido financista
acusado de tráfico sexual de menores. Sin embargo, expertos legales advierten
que no todo el material en poder de la administración será hecho público.
Aunque el Congreso aprobó una legislación que exige la
liberación total de los documentos, especialistas señalan que existen
excepciones legales que permitirán al Departamento de Justicia de Estados
Unidos retener o censurar parte de la información. El debate se centra ahora en
cuántos documentos serán omitidos o redactados y bajo qué justificaciones
legales.
“No hay ninguna posibilidad de que obtengamos el 100% de
los documentos”, afirmó Eric O’Neill, abogado de seguridad nacional y exagente
de contrainteligencia del FBI. Según explicó, las normas vigentes buscan
proteger la identidad de las víctimas de Epstein y evitar interferencias en
investigaciones federales aún abiertas. O’Neill añadió que lo más relevante
podría encontrarse precisamente en aquello que no sea divulgado y en las
razones ofrecidas para las omisiones.
El Departamento de Justicia enfrenta como fecha límite el
viernes 19 de diciembre para publicar todos los registros no clasificados del
caso Epstein en un formato descargable y de fácil búsqueda. Epstein, un
influyente financista, murió en 2019 en una prisión federal de Nueva York, en
un fallecimiento que las autoridades catalogaron como suicidio.
La fiscal general Pam Bondi aseguró que el Departamento
cumplirá la ley “con la máxima transparencia posible, protegiendo al mismo
tiempo a las víctimas”, poco después de que el presidente Donald Trump firmara
la legislación el pasado 19 de noviembre, otorgando un plazo de 30 días para la
divulgación.
La ley, aprobada de manera bipartidista, autoriza al
gobierno a retener documentos que contengan información identificable de
víctimas o que puedan comprometer investigaciones federales activas. El FBI ha
indicado que Epstein perjudicó a más de 1,000 víctimas, aunque solo decenas han
hecho públicas sus denuncias.
Este punto cobra relevancia luego de que Trump ordenara,
el 14 de noviembre, investigaciones federales sobre los vínculos de Epstein con
el expresidente Bill Clinton y el exsecretario del Tesoro Larry Summers. Dichas
pesquisas están siendo dirigidas por Jay Clayton, fiscal federal del Distrito
Sur de Nueva York, y permanecen en curso.
Tras la publicación inicial de los archivos, el
Departamento de Justicia tendrá 15 días adicionales, hasta el 3 de enero, para
presentar un informe que clasifique los documentos divulgados y los retenidos,
además de resumir las razones legales de cualquier censura aplicada.
El congresista demócrata Ro Khanna, uno de los
principales patrocinadores de la ley, afirmó que espera un esfuerzo de buena fe
por parte del gobierno. Khanna sostuvo que la mayoría de los archivos no
deberían verse afectados por la cláusula de investigaciones en curso y advirtió
que el Congreso y las víctimas alzarán la voz si no se cumple plenamente con la
ley.
A la expectativa se suma el enorme volumen del material
existente. El FBI y el Departamento de Justicia han reconocido la existencia de
más de 300 gigabytes de datos y evidencia física relacionados con el caso
Epstein. Hasta ahora, según Khanna, solo se ha divulgado aproximadamente un
gigabyte de esa información.
Demócratas en el Congreso han señalado que vigilarán de
cerca el proceso para garantizar que el resto de los documentos sea publicado
conforme a la ley. Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre el momento
exacto del viernes en que los archivos comenzarán a hacerse públicos, en medio
de una fuerte presión política y mediática para que la divulgación sea efectiva
y completa.
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