Redacción Q/I

Albany, NY.– La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una propuesta que permitiría al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en casos donde exista “causa probable” de que una persona haya cometido un delito grave o violento, iniciativa que ha provocado un intenso debate entre autoridades y organizaciones comunitarias.
La propuesta fue discutida durante reuniones sostenidas este fin de semana entre la gobernadora y legisladores estatales, en el contexto de negociaciones presupuestarias que permanecen retrasadas. El planteamiento busca establecer parámetros claros para la colaboración entre autoridades locales y federales, limitando la intervención a situaciones que involucren delitos de carácter grave o violento.
Como parte de la misma iniciativa, Hochul planteó restricciones para las operaciones federales de inmigración, incluyendo la prohibición de redadas en lugares considerados sensibles, como iglesias y escuelas. Asimismo, propuso impedir que agentes de ICE utilicen cárceles locales, cooperen sin restricciones con la policía o actúen con el rostro cubierto.
Según la gobernadora, el objetivo principal es permitir que las fuerzas del orden locales se concentren en la seguridad pública dentro de sus comunidades, atendiendo emergencias y combatiendo delitos como el tráfico de armas y la violencia urbana.
Sin embargo, el componente que permitiría la cooperación basada en “causa probable” ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles. La Legal Aid Society advirtió que otorgar discrecionalidad a las autoridades locales para colaborar con agencias federales de inmigración podría abrir la puerta a prácticas discriminatorias y abusos.

En la misma línea, la organización Se Hace Camino NY calificó la medida como un “retroceso” en los esfuerzos por proteger a las comunidades inmigrantes. Por su parte, Yasmine Farhang, directora ejecutiva de Immigrant Defense, cuestionó la interpretación de “causa probable”, señalando que podría ser utilizada de manera arbitraria en el momento inicial de una detención.
Críticos de la propuesta sostienen que la iniciativa podría erosionar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las instituciones locales, al tiempo que permitiría justificar acciones de colaboración con ICE bajo criterios amplios o poco definidos.
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