Acusan a organización de derechos civiles en medio de creciente tensión política en EE. UU.

Redacción Q/I

Washington, DC.- La reciente acusación penal contra el Southern Poverty Law Center (SPLC) por parte de la administración del expresidente Donald Trump ha generado una ola de condenas entre organizaciones de derechos civiles, al tiempo que más de 100 grupos han prometido respaldo y preparan una respuesta legal coordinada. Fiscales federales sostienen que el SPLC incurrió en fraude y lavado de dinero, alegando que el uso de informantes pagados dentro de grupos extremistas habría violado la ley y contribuido indirectamente al financiamiento de organizaciones de odio. Sin embargo, líderes del movimiento por los derechos civiles califican estas acusaciones como políticamente motivadas, enmarcándolas dentro de una estrategia más amplia de presión contra organizaciones de defensa social. La acusación formal, presentada esta semana, no tomó por sorpresa a estos grupos. Desde hace más de un año, diversas organizaciones venían anticipando un aumento en el escrutinio legal por parte del gobierno federal y se encontraban preparando mecanismos de defensa. En reuniones telefónicas posteriores al anuncio, dirigentes debatieron estrategias para respaldar al SPLC, organización con sede en Montgomery, Alabama, fundada en 1971 y reconocida por monitorear grupos supremacistas blancos y pronunciarse sobre temas como derechos electorales, inmigración y políticas policiales. Durante estas conversaciones, los organizadores coincidieron en que será clave ganar la batalla en la opinión pública mientras avanzan los procesos judiciales. Como resultado, se han emitido decenas de comunicados de apoyo y se están organizando movilizaciones y protestas. Asesores legales también han advertido a otras organizaciones que se preparen para posibles acusaciones similares, litigios prolongados que podrían agotar sus recursos financieros, así como auditorías internas sobre personal y documentación. Este nivel de coordinación refleja una escalada significativa en la movilización de grupos activistas, que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca han mantenido tensiones con el Departamento de Justicia. A pesar del escenario adverso, aseguran estar listos para respaldar al SPLC en su defensa legal. “Es un ataque evidente contra los derechos civiles y las libertades fundamentales, que busca blanquear a los promotores de teorías extremistas como la del reemplazo demográfico”, afirmó Maya Wiley, presidenta y directora ejecutiva de la Leadership Conference on Civil and Human Rights, una organización que agrupa a cientos de colectivos. Sin referirse directamente a la acusación, una coalición de más de 100 organizaciones publicó el martes una carta en la que manifiestan su solidaridad con entidades que consideran “injustamente señaladas” por el gobierno federal. El SPLC figura entre los firmantes del documento. “Un ataque contra uno es un ataque contra todos”, señala la declaración conjunta. “Compartiremos conocimientos, recursos y apoyo con cualquier organización amenazada por abusos de poder”.