Nueva Jersey demanda a ICE y al DHS por plan de centro de detención en Roxbury

Redacción Q/I

Roxbury, NJ.– El estado de Nueva Jersey, en conjunto con el municipio de Roxbury, ha presentado una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el objetivo de frenar un controvertido proyecto que busca transformar un almacén en un centro de detención de inmigrantes. La acción legal fue anunciada por la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, junto a la fiscal general estatal, Jennifer Davenport, quienes calificaron el proyecto como “ilegal” y denunciaron que no cumple con los requisitos mínimos en materia de infraestructura, salubridad y espacio administrativo.

De acuerdo con los argumentos presentados en la demanda, el almacén propuesto no cuenta con las condiciones necesarias para albergar hasta 1,500 personas detenidas, además de cientos de empleados. Las autoridades estatales señalaron que la instalación dispone únicamente de cuatro baños y presenta limitaciones significativas en sus sistemas de agua potable y alcantarillado, lo que podría derivar en una crisis sanitaria. Asimismo, el documento judicial advierte sobre posibles impactos ambientales negativos y riesgos adicionales para los servicios públicos locales, incluyendo la capacidad de respuesta de ambulancias, hospitales y sistemas de emergencia en la zona. Otro de los puntos centrales del reclamo es que el DHS habría avanzado con el proyecto sin la debida notificación ni coordinación con las autoridades estatales y municipales, lo que, según los demandantes, constituye una violación de los procedimientos establecidos para este tipo de desarrollos. Por su parte, ICE ha defendido la iniciativa asegurando que el uso del sitio fue evaluado previamente y que cumple con los estándares requeridos. La agencia federal también negó la existencia de violaciones ambientales y calificó la demanda como un intento de carácter político dirigido a obstaculizar la agenda migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. El caso se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre gobiernos estatales y federales en torno a la política migratoria, particularmente en estados como Nueva Jersey, donde líderes locales han adoptado posturas más restrictivas frente a la expansión de instalaciones de detención migratoria en sus comunidades.