Santiago Paniagua | Redaccion Q/I
Lo que revela la orden del juez federal Waverly Crenshaw no es simplemente un episodio procesal más dentro del complejo engranaje migratorio de Estados Unidos. Es una advertencia seria sobre el riesgo de que el sistema de justicia penal sea utilizado como herramienta de represalia contra quienes ejercen su derecho a impugnar decisiones del propio Estado.
La desclasificación del documento fechado el 3 de diciembre sugiere que el procesamiento penal de Kilmar Abrego Garcia por cargos de tráfico de personas tomó impulso después de que este desafiara en tribunales su deportación a El Salvador. Si los tiempos y las comunicaciones internas descritas en la orden no son mera coincidencia, entonces estamos ante algo más grave que una simple secuencia administrativa: estamos ante la posibilidad de una justicia instrumentalizada.
El juez Crenshaw revisó más de 3,000 documentos. No se trata de una sospecha ligera ni de una teoría sin sustento. La orden detalla cómo funcionarios del Departamento de Justicia en Washington, incluyendo personal bajo la supervisión del fiscal general adjunto Todd Blanche, discutieron el caso y lo elevaron a la categoría de “máxima prioridad” semanas después de la deportación. Correos electrónicos citados en el documento sugieren que existía interés en que la acusación se presentara “más temprano que tarde”.
La pregunta es inevitable: ¿por qué la urgencia surgió justo después de que el migrante recurriera a los tribunales?
En cualquier democracia funcional, el derecho a impugnar decisiones gubernamentales es un pilar básico del Estado de derecho. Cuando ese acto —recurrir a la justicia— es seguido por un endurecimiento punitivo, la línea entre aplicación legítima de la ley y represalia política comienza a desdibujarse peligrosamente.
Abrego Garcia había sido deportado el 15 de marzo pese a contar con una orden migratoria de 2019 que le otorgaba protección contra el retorno a su país de origen. Posteriormente fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador. Tras demandar al gobierno, un juez federal en Maryland ordenó facilitar su regreso a Estados Unidos, decisión que fue ratificada por la Corte Suprema. Ese simple hecho —que el máximo tribunal respaldara su retorno— debería bastar para subrayar la complejidad y sensibilidad del caso.
Sin embargo, al volver al país en junio para enfrentar cargos federales, la narrativa cambió: de migrante protegido pasó a acusado penal. Sus abogados sostienen que el procesamiento fue vindicativo. El Departamento de Justicia, por su parte, ha declinado comentar y niega intención punitiva. Ahora el propio juez Crenshaw ha cancelado el juicio previsto y convocado una audiencia probatoria para determinar si el gobierno puede refutar la conclusión preliminar de que hubo motivaciones retaliatorias.
Más allá del desenlace judicial, el caso expone un patrón preocupante dentro de la política migratoria contemporánea de Estados Unidos: la creciente criminalización del estatus migratorio y la ampliación del poder ejecutivo en materia de detenciones y deportaciones, incluso frente a órdenes judiciales previas.
Cuando un gobierno argumenta que podría deportar a una persona a terceros países —incluidos varios africanos, como Liberia— pese a que no existe una orden válida de remoción, el mensaje es inquietante. No es solo un debate técnico; es una cuestión de límites constitucionales.
La historia estadounidense está marcada por tensiones entre seguridad, soberanía y derechos civiles. Pero también está marcada por la convicción de que el poder del Estado debe estar contenido por la ley y por la revisión judicial. Si un migrante puede ser objeto de un proceso penal intensificado después de desafiar su deportación, el precedente no afecta únicamente a extranjeros sin ciudadanía. Afecta la esencia misma del debido proceso.
La política migratoria no puede convertirse en un laboratorio de excepción donde los principios fundamentales se flexibilizan según la conveniencia política del momento. El uso potencialmente vindicativo del sistema penal no solo erosiona la confianza en las instituciones; mina el concepto mismo de justicia imparcial.
El caso Abrego Garcia no es únicamente un expediente judicial. Es un espejo incómodo que obliga a preguntarnos si el país que se presenta como garante de libertades individuales está dispuesto a defenderlas también cuando quien las invoca es un migrante.
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