Redacción Q/I
Caracas, DC.- La detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ha abierto un nuevo capítulo en la crisis política y judicial que envuelve al país sudamericano. Ambos fueron arrestados durante una operación nocturna el pasado 3 de enero en Caracas y trasladados a custodia de Estados Unidos, donde enfrentarán una comparecencia judicial el 5 de enero, según confirmaron funcionarios y fuentes con conocimiento del caso.
De acuerdo con la acusación federal, Maduro, de 63 años, enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento. Flores, de 69 años, está acusada de tres cargos relacionados con conspiración para la importación de cocaína y posesión y conspiración para poseer armas automáticas y dispositivos destructivos.

Una experta en seguridad nacional citada por medios estadounidenses describió la situación como un “escenario de peor caso” para la pareja, al pasar de ejercer el poder en Venezuela a encontrarse bajo custodia del Gobierno estadounidense. La analista subrayó que la relación entre ambos no solo es matrimonial, sino también profundamente política, ya que sus trayectorias y destinos públicos han estado estrechamente vinculados durante más de una década.
La figura de Flores ha sido central en el proyecto chavista desde los años noventa. Abogada de formación, ganó notoriedad en 1994 al defender legalmente a Hugo Chávez tras su fallido golpe de Estado de 1992. Posteriormente ocupó cargos de alto perfil, incluyendo diputada, presidenta de la Asamblea Nacional y fiscal general, consolidándose como una de las figuras más influyentes del círculo interno del chavismo.
Su influencia se mantuvo durante el gobierno de Maduro, especialmente tras la victoria opositora en la Asamblea Nacional en 2015. En ese contexto, Flores habría participado en las maniobras políticas que derivaron en la creación de un órgano legislativo paralelo, lo que le valió sanciones del Gobierno estadounidense en 2018. Críticos la apodaron “Lady Macbeth”, en alusión a su papel tras bambalinas y a su capacidad de incidencia en las decisiones estratégicas del poder.
En Washington, las reacciones no se han hecho esperar. El presidente Donald Trump advirtió sobre consecuencias severas para el liderazgo venezolano y afirmó que Estados Unidos gobernaría temporalmente Venezuela hasta que se concrete una transición “segura y adecuada”. Sin embargo, no ofreció detalles específicos sobre el futuro legal de Flores, una omisión que ha generado interrogantes entre analistas.
El secretario de Estado Marco Rubio instó al público a leer las acusaciones desclasificadas, señalando que describen acciones cometidas “durante los últimos 15 años” contra Estados Unidos por parte de Maduro y su esposa. En la misma línea, la fiscal general Pam Bondi afirmó que ambos “enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense”, calificándolos como presuntos narcotraficantes internacionales.
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