ICE acelera arrestos migratorios con reconocimiento facial móvil en la era Trump

Redacción Q/I
Lake Worth, FL.- La forma en que las autoridades migratorias realizan arrestos en Estados Unidos ha entrado en una nueva fase. Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement han comenzado a utilizar de manera rutinaria una aplicación de reconocimiento facial móvil que permite identificar a personas en cuestión de segundos, directamente desde un teléfono celular. La herramienta, conocida como Mobile Fortify, ha transformado los operativos en el terreno. Donde antes era necesario revisar múltiples documentos y bases de datos —y en ocasiones detener a personas durante horas para confirmar su estatus migratorio— ahora basta con apuntar la cámara del teléfono al rostro de un sospechoso para obtener su identidad y, con frecuencia, su situación migratoria. Funcionarios actuales y antiguos del gobierno señalan que el sistema se ha convertido en un componente habitual de los arrestos recientes De acuerdo con ICE, el uso de esta tecnología ha reducido errores, evitando detenciones prolongadas de personas que posteriormente resultaban tener estatus legal o incluso ciudadanía estadounidense. La expansión del sistema ha sido posible gracias a un financiamiento sin precedentes: el Congreso aprobó este verano una inyección adicional de 75,000 millones de dólares al presupuesto de la agencia, convirtiéndola en la entidad policial federal mejor financiada del país Ese respaldo económico también ha permitido a la agencia experimentar con tecnologías complementarias, como escáneres de iris y sistemas impulsados por inteligencia artificial para localizar inmigrantes. Para aliados de la administración, estas herramientas responden a una promesa central del presidente Trump de intensificar la remoción de personas consideradas amenazas criminales o de seguridad pública. Chad Wolf, exsecretario interino de Seguridad Nacional y actual directivo del America First Policy Institute, afirmó que estas innovaciones hacen “más manejable” el reto de las deportaciones masivas
El uso del reconocimiento facial se extiende más allá de ICE. Su agencia matriz, el Department of Homeland Security, ha incrementado la inversión en sistemas biométricos para controles aeroportuarios sin contacto y para programas de entrada y salida que rastrean a quienes abandonan el país en vuelos comerciales. Un análisis de contratos federales indica que el gasto en empresas vinculadas a tecnologías de vigilancia ha superado los 30 millones de dólares solo este año En el terreno, la aplicación ya ha sido utilizada más de 100,000 veces, según funcionarios del gobierno. En un operativo observado por un reportero en Lake Worth, agentes fotografiaron a dos hombres guatemaltecos detenidos por un patrullero estatal. El sistema reveló que uno de ellos había sido interceptado previamente por la Patrulla Fronteriza y contaba con una citación judicial pendiente La aplicación se conecta a varias bases de datos criminales y migratorias del gobierno y, según algunas fuentes, puede apoyarse en información pública para ampliar perfiles, aunque el DHS niega que el sistema rastree redes sociales o datos de acceso abierto. Las autoridades aseguran que la tecnología solo devuelve coincidencias confirmadas, descartando resultados dudosos, y que su uso está amparado por marcos legales y controles de privacidad. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles han expresado alarma. Kate Voigt, asesora legal de la American Civil Liberties Union, advirtió que el sistema permite escanear rostros de personas en la calle o dentro de vehículos sin su consentimiento, acumulando grandes volúmenes de datos personales sin supervisión suficiente La controversia se intensifica porque no se ha encontrado una evaluación de impacto de privacidad específica para Mobile Fortify, un requisito habitual cuando el gobierno introduce nuevas tecnologías biométricas. El origen de la aplicación se remonta a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, durante la administración Biden, cuando su uso estaba limitado a agentes de frontera que operan dentro de una franja de 100 millas con menores restricciones constitucionales. Abogados del DHS se opusieron inicialmente a su adopción por ICE en el interior del país, temiendo fallos judiciales adversos. Esa decisión fue revertida tras el regreso de Trump a la Casa Blanca

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