Newark, NJ.- Un juez federal ha puesto fin a casi una década de monitoreo del
Departamento de Policía de Newark, al determinar que la institución ha
implementado efectivamente los requisitos constitucionales en detenciones,
registros, arrestos y uso de la fuerza. La jueza de distrito Madeline Cox Arleo
levantó el decreto de consentimiento de 2016, que exigía a la ciudad y a la
policía mejorar la calidad del servicio mediante capacitación y reformas
estructurales, el jueves 20 de noviembre.
Arleo destacó que “Newark ha dedicado el tiempo, esfuerzo
y recursos necesarios para implementar cambios sistémicos” y que “el
Departamento de Policía de Newark ha mejorado considerablemente y cuenta con la
infraestructura necesaria para seguir avanzando en el futuro. Es momento de devolver
el control del departamento a su liderazgo electo y a la comunidad”.
Tras los disturbios de 1967, conocidos como el Newark
Rebellion, los abusos policiales eran tan frecuentes que en 2011 el
Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de
Nueva Jersey iniciaron una investigación sobre la policía de Newark. En 2014,
el Departamento de Justicia informó que existía un patrón de violaciones
generalizadas a los derechos civiles, incluyendo detenciones sin base legal en
un 75% de los casos entre 2009 y 2012, aplicadas de manera desproporcionada
contra personas negras. También se documentaron detenciones de individuos
inocentes por actos como “merodear” o “vagar”.
Tras la investigación, la ciudad y el Departamento de
Policía de Newark firmaron el decreto de consentimiento en 2016 para abordar
problemas de detenciones, uso excesivo de fuerza, sesgos en la policía,
represalias contra quienes cuestionaban acciones policiales y robos por parte
de oficiales. El decreto establecía reformas en diez áreas, incluyendo
capacitación, participación comunitaria, supervisión civil, detenciones,
registros y arrestos, política libre de sesgos, uso de la fuerza, manejo de
evidencia, cámaras corporales y de patrulla, asuntos internos, sistemas de datos
y supervisión.
Entre las políticas implementadas destacan el policiamiento
libre de sesgos, mecanismos de supervisión para garantizar la rendición de
cuentas, el uso de cámaras corporales y de tablero, y la policía comunitaria.
La corte reconoció que Newark ha demostrado disposición para asignar recursos
presupuestarios para sostener las reformas y que más de la mitad de los
oficiales juramentados fueron contratados bajo los estándares del decreto.
“En la última década, la División de Policía de Newark ha
logrado enormes avances para garantizar un policiamiento constitucional y
aumentar la confianza de la comunidad”, dijo Alina Habba, fiscal federal
interina de Nueva Jersey. “La División de Policía de Newark sigue siendo un
valioso socio en la seguridad y continuaremos trabajando con ellos para reducir
delitos con armas de fuego, tráfico de drogas y violencia de pandillas”.
El decreto de 2016 incluyó un panel de expertos liderado
por Peter Harvey, exfiscal general de Nueva Jersey, y el New Jersey Institute
for Social Justice, que garantizó la participación de la comunidad en la
creación de nuevas políticas. Surraya Johnson, directora del programa de
reforma de justicia criminal del instituto, resaltó que el decreto ha sido “una
plataforma de cambio”, con 16 nuevas políticas implementadas y una confianza
creciente entre la policía y la comunidad.
La decisión de la jueza Arleo de terminar el decreto se
esperaba desde que, en una audiencia del 3 de octubre, señaló que el
Departamento de Policía de Newark había logrado un “cumplimiento sustancial” de
las reformas. La medida fue bien recibida por el alcalde Ras J. Baraka y el
director de Seguridad Pública Emanuel Miranda, quienes destacaron políticas
innovadoras como la First Amendment Policy, la interacción respetuosa con la
comunidad LGBTQ+, y la creación de la Oficina de Prevención de Violencia y
Recuperación de Trauma (OVPTR), que el año pasado registró más de 2,800
referencias de la policía para intervenciones comunitarias.
Si bien la decisión marca un hito, el New Jersey
Institute for Social Justice advirtió que las mejoras deben continuar y que la
comunidad debe mantenerse vigilante. Johnson señaló: “El fin del decreto no
significa el fin del trabajo. Lograr una relación saludable y justa entre la
policía y la comunidad es un proceso continuo y dinámico. Ahora depende de
Newark y su gente mantener el diálogo, la confianza y la reforma”.
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