Washington, D.C.- El Departamento de Justicia (DOJ) reveló en nuevos documentos
que fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien tomó la
decisión final de ignorar una orden judicial al autorizar el traslado de más de
100 hombres venezolanos a custodia salvadoreña para su encarcelamiento. La
información surge en medio de una evaluación sobre si funcionarios de la
administración Trump podrían ser declarados en desacato por desobedecer el
mandato verbal de un juez federal.
Según el DOJ, el presidente Donald Trump firmó en marzo
una orden para permitir la deportación de presuntos miembros de pandillas
venezolanas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en
inglés), lo que desencadenó una operación acelerada para enviarlos a una
megacárcel en El Salvador. La agencia indicó que Noem tomó su decisión tras
recibir asesoría legal que, según la administración, le permitía interpretar la
orden judicial como no aplicable a los detenidos ya removidos del país.
La administración ha sostenido que no estaba obligada a
acatar la instrucción verbal emitida por el juez de distrito James Boasberg. En
sus documentos, el DOJ insiste en que sus acciones “no violaron la orden del
tribunal” bajo el estándar exigido para un cargo de desacato criminal.
Sin embargo, el argumento fue rechazado por Lee Gelernt,
abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representa a los
venezolanos afectados. Gelernt calificó el razonamiento del gobierno como
infundado y cuestionó la transparencia del proceso, señalando que las
revelaciones recientes dejan al descubierto más interrogantes sobre quiénes
participaron en la decisión de enviar a los hombres a una prisión conocida sin
el debido proceso.
El juez Boasberg ya había determinado que existían bases
para iniciar un proceso de desacato, aunque este fue pausado durante meses
hasta que una corte de apelaciones autorizó su continuación la semana pasada.
La expectativa es que el magistrado escuche testimonios clave, entre ellos el
del exabogado del DOJ Erez Reuveni, despedido en abril tras actuar como
denunciante, y el del abogado Drew Ensign.
Reuveni acusó al entonces tercer funcionario de mayor
rango del DOJ, Emil Bove —hoy juez federal de apelaciones— de sugerir la
posibilidad de ignorar órdenes judiciales sobre el uso de la AEA, incluso
llegando a afirmar que la administración podría tener que decirle a los
tribunales “que se j****”. También señaló a Ensign, quien ante el juez Boasberg
aseguró no saber si se realizarían vuelos en las siguientes 48 horas, pese a
que mensajes internos intercambiados entre abogados del departamento indicaban
lo contrario.
El caso principal sobre el uso de la Ley de Enemigos
Extranjeros por parte del gobierno de Trump continúa bajo revisión de Boasberg.
Los migrantes deportados fueron posteriormente liberados del Centro de
Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador y devueltos a Venezuela
como parte de un amplio intercambio de prisioneros.
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