Norfolk, VA.- Procuradores federales que investigaron a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por presunto fraude hipotecario, encontraron evidencias que debilitarían varias de las acusaciones presentadas en su contra, según un memorando interno del Departamento de Justicia elaborado en septiembre pasado.
La investigación, que se extendió por varios meses, concluyó que los supuestos beneficios financieros obtenidos por James tras una presunta falsificación de documentos hipotecarios habrían sido de apenas unos $800 en el año en que compró la propiedad. Además, los fiscales expresaron dudas sobre la viabilidad de probar el caso más allá de una duda razonable, debido a la falta de claridad en las normas federales sobre el concepto de “ocupación” de una segunda vivienda.
El informe fue presentado al entonces fiscal federal Erik Siebert, quien fue destituido por el expresidente Donald Trump después de negarse a presentar cargos contra James, en medio de lo que críticos describen como una campaña de represalias políticas. Tras su destitución, Trump nombró a Lindsey Halligan como fiscal interina, con el mandato de formalizar cargos contra James.
Halligan presentó una acusación por fraude bancario y falsedad ante una institución financiera, y posteriormente despidió a la fiscal de carrera Elizabeth Yusi, autora del memorando que ponía en duda la solidez del caso. Ni el Departamento de Justicia ni los abogados de James ofrecieron comentarios al respecto.
La acusación sostiene que James declaró falsamente una propiedad en Norfolk, Virginia, como segunda residencia, cuando en realidad se trataba de una vivienda rentada a una familia. Sin embargo, documentos revisados por los fiscales indican que James compró la casa en 2020 para su sobrina nieta, quien residió allí junto a sus hijos sin pagar alquiler, según declaró a los investigadores.
El expediente judicial señala que James habría ahorrado hasta $17,837 en intereses durante la vida del préstamo al haber calificado el inmueble como segunda vivienda. No obstante, los fiscales subrayaron que la diferencia real en las tasas de interés entre una casa de inversión y una segunda vivienda era mínima —entre 0.25% y 0.50%—, lo que supondría un ahorro mensual de apenas $15 a $30.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que los testigos ofrecieron versiones contradictorias sobre si las acciones de James constituyeron fraude y en qué medida se benefició. Asimismo, los fiscales reconocieron que las normas de Fannie Mae no definen con precisión el término “ocupado”, lo que complica establecer si James actuó con intención de engañar.
James, quien ha negado toda irregularidad, tiene previsto comparecer ante un tribunal federal en Norfolk este viernes para ser instruida formalmente de cargos.
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