Phillipsburg, PA. – El caso de Kilmar Abrego García,
inmigrante salvadoreño que fue deportado erróneamente por Estados Unidos y convertido
en símbolo de las políticas migratorias más duras de la administración de
Donald Trump, ha sumado un nuevo capítulo. Esta vez, con su traslado desde un
centro de detención en Virginia hasta el Moshannon Valley Processing Center, en
el estado de Pensilvania.
De acuerdo con registros judiciales, el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) notificó a los abogados de Abrego García
el pasado viernes sobre el cambio de ubicación. Según la agencia, el traslado
responde a razones de acceso, ya que la instalación en Phillipsburg estaría
mejor situada para que los defensores legales puedan entrevistarse con él de
forma más directa.
Sin embargo, la explicación oficial no logró disipar las
preocupaciones de la defensa. En un escrito presentado ante la corte, los
abogados advirtieron que Moshannon ha estado en el centro de múltiples
denuncias recientes. Entre las quejas se destacan reportes de “agresiones
físicas, atención médica deficiente e insuficiencia de alimentos” que,
aseguran, ponen en riesgo tanto la seguridad como la dignidad de los detenidos.
El centro de
detención bajo la lupa
El Moshannon Valley Processing Center, ubicado en el
condado de Clearfield, ha sido objeto de cuestionamientos desde que pasó a
operar bajo contrato con ICE. Organizaciones de derechos humanos han
documentado problemas persistentes en torno a la calidad del cuidado médico, la
falta de personal capacitado y las condiciones generales de habitabilidad.
Activistas sostienen que el centro refleja un patrón más amplio dentro del
sistema de detención migratoria: el crecimiento de instalaciones privadas con
estándares opacos y cuestionables.
En los últimos meses, informes internos y denuncias de
familiares de detenidos han señalado incidentes de violencia entre internos,
respuestas tardías ante emergencias médicas y un deterioro en la provisión de
alimentos básicos. Estas críticas han motivado llamados a una supervisión más
estricta por parte del Congreso y autoridades estatales.
Un caso marcado
por la política
La figura de Kilmar Abrego García saltó a la atención
pública cuando fue deportado a El Salvador en medio de un proceso plagado de
irregularidades. La administración Trump lo presentó como presunto integrante
de la pandilla MS-13, acusación que él siempre negó y que nunca se tradujo en
cargos judiciales.
Pese a la falta de pruebas, el gobierno utilizó su caso
como ejemplo para justificar una política de “tolerancia cero” contra supuestos
miembros de pandillas centroamericanas. En junio pasado, Abrego García fue
retornado a territorio estadounidense, pero no para reconsiderar su estatus
migratorio, sino para enfrentar acusaciones de tráfico de personas. Sus
defensores han descrito estos cargos como “pretextos carentes de fundamento
jurídico” y los califican de una medida “absurdamente vengativa”.
Tensiones legales
y sociales
El traslado a Pensilvania ocurre en un contexto en el que
su proceso judicial sigue abierto y cargado de tensiones políticas. Mientras la
defensa insiste en que Abrego García fue víctima de un aparato gubernamental
que buscaba justificar políticas de deportación masiva, las autoridades
continúan sosteniendo que el inmigrante debe ser procesado bajo cargos
criminales.
El caso ha despertado también la atención de
organizaciones pro inmigrantes y de derechos civiles, que han seguido de cerca
cada paso de las audiencias judiciales. Para estos grupos, lo que está en juego
va más allá del destino de un solo hombre: se trata de un reflejo de cómo las
políticas migratorias de los últimos años han impactado a comunidades enteras,
dejando secuelas en el tejido social y en la confianza hacia las instituciones.
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