Opinion-La peligrosa erosión de la independencia judicial en Estados Unidos

Redacción Q/I

La reciente imputación contra James B. Comey, exdirector del FBI, marca un momento alarmante en la vida política y jurídica de Estados Unidos. El hecho de que una fiscal sin experiencia, leal a Donald Trump y con apenas una semana en el cargo, presentara cargos criminales contra uno de los opositores más detestados por el expresidente, no solo refleja un giro preocupante, sino que pone en tela de juicio la integridad institucional del Departamento de Justicia.

El trasfondo es aún más inquietante: esta decisión fue tomada bajo la instrucción directa de Trump, desoyendo tanto a subordinados como al fiscal anterior, quien había sido destituido por advertir la falta de pruebas suficientes para una acusación formal. La maniobra, más que un ejercicio de justicia, parece un ajuste de cuentas político.

Los cargos contra Comey se reducen a dos: un alegado falso testimonio durante una audiencia en el Senado y obstrucción al Congreso. La acusación sostiene que el exdirector mintió al negar haber autorizado la filtración de información relacionada con las investigaciones del FBI. Sin embargo, incluso en este punto, el gran jurado rechazó una de las acusaciones adicionales propuestas por la fiscal, lo que evidencia la fragilidad del caso. Para lograr una condena, la fiscalía deberá demostrar no solo que Comey mintió, sino que lo hizo con conocimiento pleno de ello, un reto jurídico complejo que muchos expertos consideran difícil de sostener.

El caso Soros: un patrón de persecución

Paralelamente, el Departamento de Justicia ha ordenado a varias oficinas de fiscales federales investigar a la Open Society Foundations, organización fundada por el filántropo George Soros, un objetivo recurrente de los ataques de Trump y de su base política. Los lineamientos enviados por la administración no solo sugieren examinar las subvenciones de Soros, sino que también proponen posibles cargos tan extremos como terrorismo o patrocinio de incendios provocados.

Cabe destacar que la Open Society ha financiado durante décadas programas de derechos humanos, democracia y equidad social alrededor del mundo. No obstante, en el clima político actual, estas actividades son reinterpretadas como actos sospechosos. Trump ya había adelantado sus intenciones en agosto, cuando pidió que Soros fuese procesado bajo leyes usadas tradicionalmente contra líderes mafiosos. Y más recientemente, tras el asesinato de Charlie Kirk, el expresidente responsabilizó a grupos progresistas y a donantes como Soros de fomentar la violencia, llegando incluso a pedir abiertamente que se le encarcelara.

El argumento central del Departamento de Justicia se apoya en un reporte de corte ultraderechista que acusa a la Open Society de haber destinado más de 80 millones de dólares a entidades supuestamente vinculadas con terrorismo. Entre los ejemplos señalados figura un grupo palestino de derechos humanos que Israel catalogó como pantalla para actividades terroristas en 2022, una acusación que nunca fue probada y que la propia fundación rechazó de plano.

Lo que está en juego no es simplemente el destino legal de James Comey o la reputación de George Soros, sino la estabilidad de un principio básico en democracia: que la justicia debe estar por encima de las disputas partidistas y no convertirse en un arma política al servicio del gobernante de turno.