Redaccion/QI
La reciente demanda del Departamento de Justicia contra
Newark y otras tres ciudades de Nueva Jersey representa más que un desacuerdo
legal: es un ataque directo a la autonomía local y a los valores de inclusión y
justicia. Acusar a estas ciudades de “obstrucción” por no colaborar ciegamente
con una política migratoria federal fallida es una forma de politizar la
seguridad pública y criminalizar la compasión.
El alcalde Ras Baraka ha sido claro: Newark no es un
brazo del ICE. Su administración ha logrado reducir los homicidios en un 61%
mientras protege a sus comunidades más vulnerables. Eso es liderazgo. Las
políticas de ciudad santuario no solo son legales, sino que son efectivas,
humanas y necesarias para mantener la confianza entre los inmigrantes y las
autoridades locales.
Intentar imponer una visión única desde Washington ignora
la realidad vivida por miles de familias inmigrantes en nuestras ciudades. Más
que perseguir a gobiernos locales por cumplir con su deber constitucional, el
gobierno federal debería enfocarse en reformar un sistema migratorio roto.
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