Boston, Massachusetts — Un juez federal de distrito
rechazó una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus
siglas en inglés) para reconsiderar una orden judicial que obliga al gobierno a
facilitar el regreso a Estados Unidos de un ciudadano guatemalteco deportado de
manera irregular.
El juez Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts, reafirmó
su fallo anterior en el que determinó que la deportación del hombre
identificado como O.C.G. violó su derecho al debido proceso. En un escrito
contundente, Murphy señaló: “Este caso no presenta hechos especiales, solo el
horror banal de un hombre que fue cargado erróneamente en un autobús y enviado
de regreso a un país donde presuntamente fue violado y secuestrado”.
Murphy ordenó al DHS que tome “todas las medidas
inmediatas” para coordinar con los abogados del demandante y permitir el
regreso de O.C.G. a territorio estadounidense.
Según los documentos judiciales, O.C.G. buscó asilo
inicialmente en la frontera y fue deportado a Guatemala sin una entrevista
formal. En abril de 2024, al intentar nuevamente ingresar al país, fue
secuestrado y violado en México antes de que su familia pagara un rescate. En
mayo, tras lograr llegar otra vez a Estados Unidos, fue arrestado pero esta vez
derivado correctamente a un oficial de asilo, quien confirmó que O.C.G. tenía
“un temor creíble de persecución o tortura” si regresaba a Guatemala.
Un juez de inmigración coincidió con esa evaluación y le
otorgó la protección conocida como “retención de expulsión”, impidiendo su
deportación a su país de origen. No obstante, dos días después de dicha
resolución, O.C.G. fue deportado sin previo aviso a México, donde, según alega,
fue forzado a elegir entre una detención indefinida o regresar a Guatemala.
Eligió Guatemala y permanece allí.
En una declaración reciente presentada al tribunal,
O.C.G. expresó vivir escondido, con temor constante a sus agresores y sin poder
reunirse con su madre por miedo a ponerla en peligro.
En respuesta, el DHS criticó la orden del juez en redes
sociales: “El sistema de asilo estadounidense nunca fue diseñado como un
programa de amnistía automática. Esta persona fue removida a México, un país
seguro, mientras se procesaba su caso. Sin embargo, este juez activista ordena
su regreso para que tenga otra oportunidad de justificar su permanencia en
EE.UU.”.
El caso forma parte de una demanda colectiva presentada
en nombre de O.C.G. y otros tres inmigrantes de Cuba, Ecuador y Honduras, todos
residentes en EE.UU. La demanda alega que el DHS ha deportado sistemáticamente
a personas a terceros países sin notificación ni oportunidad de impugnar su
expulsión, lo que violaría varias leyes y tratados internacionales, incluyendo
la Constitución de Estados Unidos.
Hasta el momento, los abogados de los demandantes no han
emitido declaraciones adicionales.
0 Comentarios