Newark, NJ — Una reciente demanda presentada por el
gobierno federal contra cuatro ciudades de Nueva Jersey ha encendido un nuevo
debate sobre las políticas de inmigración y el papel de los gobiernos locales.
La querella, impulsada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
alega que Newark, Jersey City, Paterson y Hoboken están interfiriendo con los
esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes migratorias al mantener sus
políticas de “ciudades santuario”.
Según la demanda, citada por medios como Bloomberg y el
New Jersey Monitor, “Estados Unidos enfrenta actualmente una crisis de
inmigración ilegal, y el gobierno federal está decidido a ponerle fin”. La
acusación sostiene que los municipios no solo han decidido no colaborar, sino
que han cruzado la línea hacia la obstrucción activa, lo cual, afirman, viola
la ley federal.
Sin embargo, los alcaldes locales han salido al paso de
estas afirmaciones, calificando la demanda de “absurda”. El alcalde de Newark,
Ras J. Baraka, expresó con firmeza:
“No estamos impidiendo la seguridad pública. Estamos
defendiendo la Constitución, supervisando con responsabilidad y cumpliendo las
leyes y directrices del Estado de Nueva Jersey. Nada en nuestras políticas
impide a la policía hacer su trabajo. Lo que no haremos es convertir nuestra
ciudad en una extensión del sistema federal de inmigración”.
Baraka también criticó las declaraciones del gobierno
federal sobre los peligros de las políticas santuario, calificándolas de
“ofensivas y falsas”.
“Los inmigrantes son mucho más propensos a ser víctimas
de delitos que perpetradores. No hay evidencia de que estas políticas hagan
menos seguras a nuestras comunidades. De hecho, desde que asumí el cargo, hemos
reducido los homicidios en un 61 %. Así que nuestras políticas no solo son
legales, sino que están funcionando”, afirmó el alcalde.
Añadió que cuando las personas no viven con miedo, están
más dispuestas a reportar crímenes, buscar atención médica y colaborar con las
instituciones que existen para protegerlas, lo cual —dijo— contribuye a una
comunidad más segura y cohesionada.
La demanda busca un fallo judicial contra las ciudades
señaladas, así como una orden que les impida continuar implementando políticas
de ciudad santuario. No es la primera vez que la administración de Donald Trump
toma medidas para limitar protecciones a inmigrantes, pero los tribunales
federales también han bloqueado varias de estas iniciativas en el pasado,
incluyendo intentos de detener y deportar inmigrantes que violaban órdenes
judiciales previas.
El tema ha cobrado mayor tensión tras la reapertura de
Delaney Hall, una instalación de detención federal en Newark operada por la
corporación privada GEO Group. Se trata del primer centro de este tipo
reactivado durante el segundo mandato de Trump, y forma parte de una estrategia
para aumentar la capacidad de detención en el noreste del país.
Cabe destacar que a principios de mayo, el propio alcalde
Baraka fue arrestado durante una protesta frente a la reapertura de esta
instalación. Fue liberado poco después, según informes de prensa.
En medio de este enfrentamiento legal y político, las
ciudades señaladas han reiterado su compromiso con la protección de todos sus
residentes, independientemente de su estatus migratorio, y han prometido seguir
defendiendo tanto los derechos humanos como los principios constitucionales
frente a lo que consideran una ofensiva política motivada por el miedo.
0 Comentarios