Benjie Wimberly usó dinero de campaña para gastos personales en hoteles y vuelos, según denuncia

Joe Malinconico

Paterson, NJ. - El asambleísta Benjie Wimberly ha sido acusado de utilizar dinero de su campaña para fines personales, principalmente pagos de hoteles y boletos de avión, según una denuncia presentada el mes pasado por la Comisión de Cumplimiento de la Ley Electoral de Nueva Jersey (ELEC).

La agencia estatal de supervisión financiera de elecciones citó 19 gastos supuestamente indebidos, que van desde $15 hasta $1,624, realizados desde la cuenta bancaria política de Wimberly durante octubre, noviembre y diciembre de 2022. El monto total cuestionado en la denuncia asciende a $7,242.

Entre los gastos señalados por ELEC se encuentran pagos a las aerolíneas United y Delta, así como facturas de hoteles en Hampton, Virginia. La campaña de Wimberly justificó esos gastos como "Gastos de recaudación de fondos: esfuerzos para establecer relaciones".

Paterson Press intentó entrevistar a Wimberly sobre la denuncia en su contra. En su lugar, el asambleísta emitió una declaración escrita.

"Este es un asunto administrativo de ELEC y se está manejando de manera adecuada", dijo Wimberly. "La campaña sigue confiando en que hemos cumplido con todas las reglas y regulaciones aplicables y estamos completamente preparados para defendernos de cualquier sugerencia contraria".

Wimberly, como speaker pro tempore, es el segundo miembro de mayor rango en la Asamblea de Nueva Jersey, donde ha servido desde 2012. Además, trabaja en el distrito escolar de Paterson como director de programas recreativos con un salario de $188,328.

Wimberly busca un puesto en el Senado estatal

Wimberly y su compañera de fórmula de larga data, la asambleísta Shavonda Sumter, compiten entre sí por la nominación del Partido Demócrata para ocupar el puesto en el Senado estatal que quedó vacante tras la elección de Nellie Pou al Congreso en noviembre.

En agosto, Wimberly buscó el respaldo de los líderes del Partido Demócrata para el escaño en el Congreso, que había sido ocupado por el fallecido Bill Pascrell Jr. Sin embargo, Wimberly se retiró de la contienda cuando quedó claro que Pou había asegurado el apoyo necesario para obtener la nominación.

Además de Wimberly, la denuncia de ELEC nombró a su tesorero de campaña, David Cozart, quien también trabaja en el distrito escolar de la ciudad como superintendente asistente, con un salario de $206,896. Cozart no respondió a un mensaje de texto solicitando su comentario para esta historia.

La denuncia de ELEC, con fecha del 18 de diciembre, dio a Wimberly y Cozart 20 días para solicitar una audiencia o presentar una respuesta escrita a las acusaciones. Un funcionario estatal dijo que un abogado que representa a Wimberly solicitó una extensión del plazo hasta finales de este mes.

No presentó informes financieros de campaña

Además de la acusación de uso indebido de fondos de campaña, la denuncia de ELEC afirma que Wimberly y Cozart no presentaron el informe financiero de campaña requerido para los últimos tres meses de 2022.

ELEC indicó que durante ese período, Wimberly recibió 95 contribuciones de campaña por un total de $60,030 y realizó 137 gastos por un total de $65,963. La denuncia no especifica cómo ELEC obtuvo esos detalles, dado que el informe de Wimberly nunca fue presentado. La agencia estatal tiene el poder de emitir citaciones para obtener los registros bancarios de los candidatos.

En el momento en que ELEC emitió la denuncia el 18 de diciembre, los registros en línea de la agencia mostraban que Wimberly y Cozart no habían presentado los informes financieros de campaña que debían entregarse en abril, julio y octubre de 2024.

Sin embargo, los registros en línea de ELEC muestran que, entre el 25 y el 31 de diciembre, Wimberly y Cozart presentaron los tres informes atrasados, así como el informe final de 2024, que no vence hasta mediados de enero.

La denuncia de ELEC indica que Wimberly enfrenta una multa máxima de $9,800 por no presentar el informe de los últimos tres meses de 2022 y sanciones que serían al menos equivalentes al monto del gasto supuestamente "no permitido".


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