Norfolk, VA.- Un gran jurado federal en el estado de
Virginia acusó formalmente este jueves a la fiscal general de Nueva York,
Letitia James, marcando el segundo caso en pocas semanas en que una figura
cercana al expresidente Donald Trump ve a uno de sus opositores enfrentarse a
cargos federales.
De acuerdo con la acusación, James enfrenta un cargo de
fraude bancario y otro de declaraciones falsas a una institución financiera, en
relación con la compra de una vivienda en la ciudad de Norfolk, Virginia, en el
año 2020. Según el expediente judicial, la fiscal habría obtenido una hipoteca
bajo la condición de utilizar la propiedad como una segunda residencia, pero
posteriormente la alquiló a una familia y la usó como inversión, lo que
implicaría una falsa representación para obtener mejores condiciones
crediticias.
Los documentos judiciales indican que James adquirió el
inmueble por 137,000 dólares, financiando 109,600 dólares mediante una hipoteca
que, bajo términos preferenciales, le habría permitido ahorrarse 18,933 dólares
a lo largo del préstamo gracias a una tasa de interés más baja y un crédito
adicional otorgado por el vendedor.
La fiscal interina del Distrito Este de Virginia, Lindsey
Halligan, declaró que “nadie está por encima de la ley. Los cargos presentados
reflejan actos criminales intencionales y una grave violación de la confianza
pública”.
El abogado defensor de James, Abbe Lowell, rechazó las
acusaciones, asegurando que su clienta “niega categórica y enérgicamente estos
cargos” y expresó su preocupación de que el caso esté motivado por una supuesta
“venganza política” del presidente Trump.
Letitia James ha sido una de las principales adversarias
del expresidente desde que asumió como fiscal general de Nueva York en 2018. Su
oficina demandó a Trump y a la Organización Trump por fraude en 2022, lo que
resultó en una sentencia judicial de más de 350 millones de dólares, luego
elevada a más de medio millar con los intereses acumulados. Sin embargo, un
tribunal de apelaciones de Nueva York anuló la multa durante el verano,
calificándola de “excesiva”.
La acusación llega exactamente dos semanas después de que
otro gran jurado en el mismo tribunal de Virginia imputara al exdirector del
FBI James Comey por presuntamente mentir ante el Congreso. Fuentes judiciales
aseguraron que los casos fueron evaluados por jurados distintos, aunque ambos
forman parte de un proceso enmarcado en la creciente presión política sobre
funcionarios que han confrontado a Trump.
El origen de la investigación contra James se remonta a
mayo de 2025, cuando el Departamento de Justicia inició una pesquisa por
presunto fraude hipotecario tras recibir una carta de William Pulte, director
de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda. En esa carta, Pulte
afirmaba que James había falsificado documentos bancarios y registros de
propiedad para obtener beneficios crediticios en varios inmuebles a lo largo de
su carrera.
Entre las acusaciones adicionales se menciona que la
fiscal habría declarado falsamente una vivienda en Norfolk como su residencia
principal pese a vivir y trabajar en Nueva York, además de adquirir una propiedad
de cinco unidades en Brooklyn con un préstamo destinado únicamente a
edificaciones de cuatro o menos unidades. Pulte también sostuvo que, en 1983,
el padre de James firmó documentos hipotecarios afirmando falsamente ser su
esposo, un detalle incluido como parte del patrón de presunto fraude.
La defensa de James calificó estas alegaciones como
“infundadas y desmentidas hace años”. En abril pasado, el abogado Lowell envió
una carta al Departamento de Justicia refutando las acusaciones y denunciando
que se trataba de “una nueva maniobra de persecución política avalada
públicamente por el presidente Trump”.
En medio de estas tensiones, Trump ha instado
públicamente al Departamento de Justicia a investigar a figuras que considera
responsables de lo que califica como ataques políticos en su contra, incluyendo
a James, Comey y el senador demócrata Adam Schiff.
La presión interna dentro del Departamento de Justicia se
ha intensificado en las últimas semanas. El fiscal interino del Distrito Este
de Virginia, Erik Siebert, presentó su renuncia el mes pasado, temiendo ser
destituido por negarse a procesar el caso contra James. Fue reemplazado por
Lindsey Halligan, exabogada de Trump y exasesora de la Casa Blanca, quien
autorizó la presentación formal del caso ante el gran jurado pocos días después
de asumir el cargo.
Asimismo, Ed Martin, abogado vinculado al entorno de
Trump y actual líder del denominado Weaponization Working Group del
Departamento de Justicia, envió en agosto una carta solicitando la renuncia
inmediata de Letitia James al cargo de fiscal general de Nueva York.
La acusación contra James representa un nuevo episodio en
la escalada judicial y política entre la administración Trump y varios de sus
antiguos adversarios, en un contexto en que las instituciones federales
enfrentan creciente escrutinio por la aparente utilización política de los
procesos judiciales.
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