San Juan, QI.- Las recientes redadas migratorias han
generado un clima de temor entre la comunidad dominicana en Puerto Rico, especialmente
en Barrio Obrero, San Juan, donde casas y negocios lucen desiertos. La
organización Ayuda Legal Puerto Rico ha lanzado campañas para informar a los
inmigrantes sobre sus derechos, recibiendo más de 300 llamadas de familias que
buscan orientación legal.
Desde la llegada de Donald Trump al poder, la percepción
de Puerto Rico como santuario para inmigrantes ha cambiado. El 27 de enero,
agentes federales realizaron una redada en Barrio Obrero, arrestando a más de
40 personas con violencia inusual, según testigos. Los detenidos son enviados
al territorio continental de EE.UU., lejos de sus familias y abogados, ya que
no existen centros de detención permanentes en la isla.
Entre los casos más alarmantes está el de Aracely
Terrero, detenida por vender helados sin permiso, a pesar de tener visa y estar
en proceso de residencia. Pasó un mes en tres centros de detención hasta que un
juez ordenó su liberación, calificando su arresto como injustificado.
Organizaciones como la ACLU advierten sobre un aumento en los casos de
perfilamiento racial por parte de la policía local hacia dominicanos, lo que
revive preocupaciones sobre prácticas discriminatorias.
La gobernadora Jenniffer González-Colón ha sido criticada
por minimizar la amenaza de deportaciones y por colaborar con ICE, entregando
datos de más de 6,000 personas indocumentadas con licencia de conducir. Aunque
ha afirmado no querer arriesgar fondos federales, defensores de derechos
civiles acusan a su administración de crear una falsa sensación de seguridad y
no proteger a los inmigrantes.
Actualmente, los dominicanos son el grupo más afectado
por las redadas, con más de 500 detenidos. Representan la mayoría de la
población inmigrante en la isla (más de 100,000 personas), muchos de los cuales
trabajan en sectores esenciales como la hostelería, la construcción y el
cuidado de ancianos.
Aunque las autoridades federales afirman que su objetivo
son personas con antecedentes penales, solo el 13% de los detenidos este año
cumple con ese criterio, lo que refuerza la percepción de una persecución
generalizada hacia la comunidad dominicana en Puerto Rico.
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