Redacción Q/I
Nueva York, NY.– Una revelación reciente del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha generado controversia en torno a las prácticas de arresto de inmigrantes en tribunales, luego de admitir que presentó información incorrecta en un caso clave que defendía la legalidad de estas detenciones. Department of Justice atribuyó el error a una falla de asesoría legal por parte de Immigration and Customs Enforcement (ICE), lo que pone en entredicho uno de los argumentos centrales utilizados por la administración del expresidente Donald Trump en materia de control migratorio.
El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, envió una carta al juez federal P. Kevin Castel en la que reconoce haber informado erróneamente al tribunal sobre el alcance de un memorando emitido por ICE en mayo de 2025. Dicho documento, utilizado repetidamente como base legal en los argumentos del gobierno, supuestamente autorizaba arrestos civiles en o cerca de tribunales, incluyendo los de inmigración.
Sin embargo, la corrección oficial establece que esa guía nunca fue aplicable a los tribunales de inmigración administrados por la rama ejecutiva, lo que contradice directamente lo sostenido por el gobierno en audiencias previas y en múltiples escritos legales. La admisión implica que decisiones judiciales previas, incluyendo un fallo emitido en septiembre, se basaron en información incorrecta proporcionada por las autoridades.
El caso fue impulsado por organizaciones como The Door y African Communities Together, que denunciaron que las prácticas del gobierno convertían las comparecencias obligatorias en tribunales migratorios en “trampas” para detener a personas no ciudadanas. Según la demanda, el gobierno desestimaba procesos de deportación para luego proceder con arrestos inmediatos basados en la guía de ICE.
El propio memorando de ICE indicaba que los agentes “deberían generalmente evitar acciones de cumplimiento en o cerca de tribunales”, particularmente en aquellos dedicados a asuntos no penales. No obstante, en la práctica, las detenciones continuaron realizándose en estos espacios, lo que ha provocado denuncias por parte de organizaciones de derechos civiles.
La American Civil Liberties Union (ACLU), en representación de los demandantes, reaccionó señalando que la “declaración falsa de hecho” afectó el núcleo de la defensa gubernamental y tuvo consecuencias directas en la negativa del tribunal a otorgar medidas cautelares. Además, advirtió que desde entonces numerosos inmigrantes han sido arrestados durante sus audiencias, siendo trasladados a centros de detención en distintos estados, a menudo a cientos de millas de distancia.
El Departamento de Justicia, en su comunicación al tribunal, retiró formalmente las partes de sus argumentos que se sustentaban en la interpretación errónea del memorando, y reconoció que será necesario reconsiderar el caso sobre sus méritos reales. A pesar de ello, los fiscales insistieron en que actuaron basándose en la información proporcionada directamente por ICE, con quien mantuvieron coordinación constante durante el litigio.
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