Newark, NJ.- Earthjustice, en representación de la organización comunitaria
Ironbound Community Corporation (ICC), busca detener la construcción de la
cuarta planta de energía a gas en el vecindario de Ironbound, mientras los
tribunales analizan dos demandas contra la Passaic Valley Sewerage Commission
(PVSC) y el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP).
El ICC, acompañado por el alcalde Ras J. Baraka,
defensores ambientales y aliados legales, se manifestó el jueves frente a la
sede de PVSC para anunciar nuevas acciones legales contra la Comisión de
Alcantarillado y la agencia estatal.
En junio, PVSC adjudicó un contrato de 232,7 millones de
dólares a la constructora Skanska/Railroad SPGF JV para edificar una planta de
energía de respaldo en la estación de tratamiento de aguas residuales ubicada
en Wilson Avenue, en Ironbound. El proyecto se levantaría en una zona altamente
industrial y contaminada que ya alberga una planta de tratamiento de aguas,
tres instalaciones que queman metano, el aeropuerto internacional de Newark
Liberty y la terminal portuaria de contenedores de Newark.
Earthjustice presentó en mayo una apelación contra el
NJDEP, argumentando que la autorización para la planta a gas viola la Ley de
Justicia Ambiental del estado. “En este caso, el NJDEP y PVSC ignoraron tanto
el espíritu como la letra de la ley. No siguieron los requisitos ni nos
escucharon”, declaró Hazel Applewhite, directora ejecutiva del ICC, durante una
rueda de prensa el 20 de agosto. “Estamos demandando para hacer cumplir la Ley
de Justicia Ambiental y detener el plan hasta que la ley se respete
plenamente”.
El 14 de julio, Earthjustice interpuso otra demanda
contra PVSC y la constructora, alegando que la aprobación del contrato se basó
en “errores lógicos” y sin un proceso de decisión razonado. Un día después, la
ciudad de Newark y Christian Rodríguez, residente de toda la vida en Newark e
integrante del ICC, presentaron una querella similar, calificando la decisión
de “arbitraria y caprichosa”.
“El municipio presentó esta queja junto al ICC para
defender a nuestros residentes de otra planta de combustibles fósiles que
dañará gravemente la salud de nuestra gente”, dijo el alcalde Baraka. “Este
proyecto no busca generar energía, sino enriquecer a grandes corporaciones a
costa de la vida y salud de comunidades negras, latinas y de clase
trabajadora”.
Alejandra Torres, subdirectora de incidencia en el ICC,
explicó que las nuevas mociones, registradas el 20 de agosto, son una
continuación de los casos abiertos en mayo contra el NJDEP y en julio contra
PVSC. “Mientras esos casos están en revisión, queremos asegurarnos de que PVSC
no inicie la construcción”, señaló.
La abogada de Earthjustice Casandia Bellevue detalló que
una de las mociones busca suspender la construcción a través del tribunal de
primera instancia, mientras que la segunda intenta frenar los permisos
otorgados por el NJDEP. Recordó que la solicitud inicial de modificación de
permisos aéreos fue presentada por PVSC en enero de 2021 y aprobada en abril de
este año.
Según Bellevue, el permiso se aprobó bajo una orden
administrativa que permitió a PVSC evitar la aplicación plena de la Ley de
Justicia Ambiental. “La finalidad de esta ley es proteger a comunidades ya
sobrecargadas de contaminación. Autorizar esta planta contradice esa misión”,
subrayó.
El abogado senior de Earthjustice, Jonathan Smith, añadió
que la ley prohíbe la instalación de nuevas plantas contaminantes en áreas ya
saturadas de polución. Bellevue aclaró que, por normas procesales, la solicitud
de suspensión de permisos fue presentada primero ante el NJDEP y notificada a
la división de apelaciones; si la agencia la rechaza, se llevará al tribunal de
apelaciones.
“El objetivo de estas mociones es mantener el estado
actual de las cosas, evitando el inicio de la construcción mientras la corte
revisa las cuestiones legales fundamentales de cada caso”, explicó Bellevue.
El ICC no ha confirmado si las obras de la planta ya
comenzaron. Un portavoz de PVSC declinó responder sobre las demandas, alegando
que la Comisión no comenta sobre litigios en curso.
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