Washington, D.C. – En un fallo que marca un giro crucial
en la batalla legal sobre la ciudadanía por nacimiento, la Corte Suprema de
Estados Unidos dictaminó este viernes, en una votación de 6 a 3, que los jueces
federales no tienen autoridad para emitir interdictos a nivel nacional. Aunque
la decisión no aborda directamente el tema de la ciudadanía para hijos de inmigrantes
indocumentados, representa una victoria procesal significativa para el
expresidente Donald Trump y podría allanar el camino para implementar su
polémica orden ejecutiva en los próximos meses.
¿Qué decidió la Corte Suprema?
El tribunal, con mayoría conservadora, estableció que los
tribunales de menor jerarquía no deben extender sus órdenes judiciales más allá
de los demandantes individuales. Este precedente limita el alcance de las
decisiones judiciales contra políticas federales, como la impulsada por Trump
para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
El juez Samuel Alito, en su opinión concurrente, subrayó
que el fallo no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión constitucional, es
decir, si los hijos nacidos en EE.UU. de padres indocumentados tienen derecho
automático a la ciudadanía. No obstante, la Corte deja en claro que las
decisiones que afectan a todo el país deben surgir de su sala, no de jueces
federales individuales.
¿Qué busca Trump?
El expresidente, quien ha calificado el derecho de
ciudadanía por nacimiento como un "engaño constitucional", emitió en
enero la orden ejecutiva titulada "Protegiendo el significado y valor de
la ciudadanía estadounidense". En ella se indica que los hijos de
inmigrantes indocumentados o personas con visas temporales no deben recibir
automáticamente la ciudadanía al nacer en suelo estadounidense.
Durante su campaña de 2023, Trump afirmó:
“En mi primer día de regreso en la Casa Blanca, firmaré
una orden para poner fin a esta práctica abusiva que incentiva la inmigración
ilegal.”
El corazón del debate: la Enmienda 14
La Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., ratificada
tras la Guerra Civil, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas
en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados
Unidos.”
En 1898, la Corte Suprema confirmó esta doctrina en
United States v. Wong Kim Ark, garantizando el derecho a la ciudadanía para
todos los nacidos en el país, con excepciones muy limitadas. Los críticos de
Trump advierten que cambiar esta interpretación sentaría un precedente
peligroso.
Sin embargo, los defensores de la orden ejecutiva
argumentan que la frase “sujetos a la jurisdicción” implica que solo los
nacidos de personas legalmente comprometidas con el país (como ciudadanos o
residentes permanentes) deberían recibir la ciudadanía.
Consecuencias sociales y legales
Expertos como el Instituto de Políticas Migratorias (MPI,
por sus siglas en inglés) estiman que revocar el derecho de ciudadanía por
nacimiento no reduciría la inmigración ilegal, sino que aumentaría el número de
personas sin estatus. Se calcula que, de concretarse la medida, cerca de 2.7
millones de personas nacerían sin ciudadanía para 2045, cifra que podría
superar los 5 millones para 2075.
La falta de datos específicos —los hospitales no
recopilan información migratoria de las madres— dificulta calcular cuántos
nacimientos por año corresponden a padres indocumentados. Sin embargo, las
cifras apuntan a que cada año nacen alrededor de 800,000 hijos de madres
extranjeras en EE.UU., muchos de ellos beneficiarios del jus soli.
Reacciones encontradas
La decisión del tribunal fue celebrada por aliados de
Trump. La exfiscal general Pam Bondi escribió en redes sociales:
“La Corte Suprema puso fin a la lluvia de interdictos
nacionales contra el presidente Trump.”
El propio Trump celebró en Truth Social:
“¡UNA VICTORIA GIGANTE EN LA CORTE SUPREMA! Incluso la
farsa de la ciudadanía por nacimiento ha sido golpeada, aunque sea
indirectamente.”
Por otro lado, la jueza Sonia Sotomayor advirtió que este
fallo deja desprotegidos los derechos constitucionales de millones:
“Ningún derecho está a salvo. Esta decisión permite que
políticas ilegales permanezcan vigentes para todos excepto para los
demandantes.”
La jueza Ketanji Brown Jackson calificó el fallo como
“una amenaza existencial al estado de derecho” y acusó a la mayoría
conservadora de usar normas judiciales del siglo XVIII como pretexto para
expandir el poder del Ejecutivo.
¿Qué sigue ahora?
La decisión no activa de inmediato la orden ejecutiva de
Trump, pero sí permite que su gobierno —si regresara al poder— inicie los
preparativos para aplicarla. Dentro de 30 días, la administración podrá emitir
lineamientos sobre su implementación. Sin embargo, ya se han presentado nuevas
demandas para frenar la medida, entre ellas una actualización del caso Casa
Inc. v. Trump y otra por parte de la ACLU en New Hampshire, que busca amparo
para familias en todo el país.
El debate sobre la ciudadanía por nacimiento —y los
derechos de millones de estadounidenses nacidos de padres indocumentados— queda
ahora en suspenso, a la espera de futuras decisiones judiciales y, tal vez, del
resultado de las elecciones de noviembre.
¿Es la ciudadanía por nacimiento un derecho garantizado o
una política sujeta a interpretación?
La Corte Suprema aún no responde esa pregunta
fundamental, pero el terreno legal ha cambiado. Y con ello, el futuro de
millones de familias en Estados Unidos.
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